La agresión de la que fuera víctima el vicejefe del Gabinete nacional, Jorge Rivas, demuestra que en la Argentina nadie está exento de correr ese peligro. Como cualquier ciudadano normal, Rivas fue a una farmacia a comprar medicamentos a medianoche y hoy está internado en terapia intensiva.

En un primer momento, la policía atribuyó el hecho a una indisposición del funcionario. Luego, se dijo que se había golpeado al caer al suelo. Finalmente, se admitió que había sido víctima de un asalto violento, motivo por el cual las fuerzas de seguridad están tratando de dar con los autores del ataque. Entre tanto, el gobierno y la policía demoraron la información precisa a causa de las inexorables repercusiones sociales y políticas del caso.

Lo que le sucedió al dirigente socialista confirma que la cuestión de la seguridad no es una sensación térmica, como pretenden calificarla algunos funcionarios, o un caballito de batalla de la oposición, o de los autoritarios, o un lugar común de los medios de comunicación, sino un problema actual y serio de los argentinos.

Es sabido que el tema no se resuelve de manera sencilla. Las causas de la inseguridad son complejas, pero en principio nada se gana negando lo evidente. El debate alrededor de si la delincuencia es una consecuencia de la pobreza o de la ineptitud de la policía y los funcionarios judiciales se mantiene vigente, pero más allá de las disquisiciones teóricas, lo que está claro es que los avances prácticos para solucionarla son insatisfactorios.

Que hoy la víctima de este estado de indefensión ciudadana sea un prominente funcionario del Estado no hace más que agravar el cuadro. En efecto, para el sentido común de la sociedad, lo sucedido demuestra que ni siquiera las personas que deberían estar más protegidas están a salvo de la violencia.

Recordemos que hace semanas, tres policías fueron asesinados en las cercanías de la ciudad de La Plata y hasta la fecha no hay indicios ciertos sobre los autores. Es más, la pista que hasta el momento se creía más firme ha sido descartada por los investigadores, motivo por el cual es probable que los asesinatos queden impunes.

Es verdad que en la provincia de Buenos Aires se han producido reiteradas purgas de policías corruptos, pero da la impresión de que estas iniciativas son insuficientes. Sin duda que no es posible brindar seguridad a la población con una policía corrupta, pero creer que el problema termina allí es también un grueso error.

Como lo demuestran los estudios académicos y la experiencia, la inseguridad crece en proporción más o menos directa a la pobreza, la exclusión y la marginalidad, pero el gran desafío que se le presenta a los gobiernos es qué hacer mientras se promueven y ejecutan las políticas de inclusión social.

En definitiva, de lo que se trata es de alentar simultáneamente políticas sociales y una mayor eficiencia del aparato estatal. Trabajar en el mediano y largo plazo no se contradice con la necesidad de atender las exigencias de la coyuntura. Articular estas tareas no es sencillo, pero hasta tanto no se avance en esta dirección, la inseguridad seguirá siendo uno de los problemas centrales de los argentinos.