Luego del alza en las alícuotas del impuesto que grava la exportación de commodities agrícolas, el porcentaje de recursos que se extraen de estas actividades ha subido a niveles excepcionalmente altos. Si se estima el impacto agregado que tendrán estos Derechos de Exportación (DE) y el impuesto a las Ganancias (suponiendo una alícuota del 35 por ciento) en esta campaña que viene -más las restricciones que sufre la exportación y que mantiene más deprimidos aún los precios de algunos granos-, se encuentra que de cada 100 pesos de potenciales ganancias, el productor resignará en promedio unos 70 pesos por los factores mencionados de no cambiar las circunstancias actuales. Es decir, por cada peso que recibirá el productor, transferirá casi dos pesos y medio.

El siguiente ejercicio resulta contundente: el Estado podría eliminar los DE y las demás restricciones, subir el Impuesto a las Ganancias sobre el campo hasta una alícuota del 70 por ciento y seguir generando más o menos la misma recaudación que la que genera actualmente por ambos tributos.

Por supuesto que el proceso recaudador no sería tan fácil, habría que centrar la administración sobre un contexto de contribuyentes mucho más atomizado, a lo que debería sumarse un probable mayor rechazo, al que actualmente tienen los DE, al quedar tan explícita la verdadera carga tributaria que soporta el sector.

Es evidente la inequidad con otras actividades productivas, que deben transferir como máximo el 35 por ciento de sus ganancias, y el hecho de que el sector enfrenta una presión tributaria excepcionalmente alta, tanto en términos absolutos como relativos.

Debe advertirse que no todo lo que pierde el campo por estos impuestos va a parar a las arcas del Estado. Una porción de esos 70 pesos termina en los bolsillos del exportador, que compra un grano en el mercado interno a un descuento superior al que le aplican en la exportación. El Estado podría quedarse con todos estos recursos si liberase completamente el mercado de exportación, situación que no está claro que vaya a suceder, y en paralelo llevara los DE a los niveles de los descuentos actuales.

El gobierno dio tres fundamentos para justificar la suba: a) la necesidad de recomponer la caja fiscal, b) la intención de atenuar subas en los precios; y c) la obligación del Estado de redistribuir ingresos, cuando éstos se consideren excepcionales. Un cuarto correspondería a la intención de estimular el mayor valor agregado.

En los últimos dos años, la caída en el superávit fiscal ha sido más por una aceleración del gasto que por un faltante de recursos públicos, que por el contrario han seguido afluyendo en forma abundante hacia el Estado.

Basado en esto, insistir por el camino de la recaudación tendría pocos efectos si en paralelo no se regula un poco mejor la canilla, evitando el derroche de gastos, en particular, de gastos corrientes, asociados a la fuerte política de subsidios que lleva adelante el gobierno. Con respecto al objetivo precios, más del 90 por ciento de la soja que produce el país se exporta y se trata de un grano que tiene prácticamente incidencia nula en la canasta del consumidor.

En el caso del maíz, es cierto que el aumento en los Derechos de Exportación termina favoreciendo la producción de carnes, al bajar los costos de éste, su principal insumo, pero el precio internacional de este grano ha venido bajando y no subiendo en este último año, es decir no había presión inflacionaria de costos por mayor precio del maíz.

En materia de ingresos, no está claro quién genera más efectos expansivos sobre la economía: la transferencia hacia el fisco puede terminar siendo más expansiva y más inflacionaria, si el fisco gasta una proporción mayor de estos recursos respecto de la que gastarían los productores. El objetivo de redistribución de ingresos es válido en toda economía de mercado, cuando se presentan desequilibrios importantes entre sectores y entre agentes en materia de bienestar. Según los libros de texto de los primeros cursos de economía, una política agresiva en esta dirección puede tener elevados costos en términos de eficiencia y crecimiento de mediano y largo plazos.

En el caso de la actividad agrícola, la elevada presión tributaria que viene sufriendo el sector no ha llegado a detener su crecimiento, y por lo tanto, el tamaño de la torta a distribuir ha seguido creciendo.

Mucho ha tenido que ver el buen contexto en materia de precios internacionales de los commodities. Recién en la próxima campaña (2008/2009) se podrá apreciar si este último cambio en los DE genera un efecto desaliento sobre el nivel de inversión del sector.

Lo que sí se descuenta es que, en caso de revertirse la bonanza actual de algunos precios, en particular, de la soja y el trigo, será muy difícil sostener políticamente y económicamente el nivel actual de presión tributaria.