El llamado de varias organizaciones a los consumidores para que se abstengan de comprar (no nos gusta la palabra boicot) aquellos productos cuyos precios crecieron desmesuradamente ha resultado efectivo para, en el corto plazo, restablecer ciertos equilibrios dentro de la lógica de funcionamiento del mercado.
También, ello ha demostrado que cuando los consumidores organizados asumen actitudes similares, concentran un poder que puede hacer retroceder ciertas pretensiones, aún provenientes de grandes empresas transnacionales, como ocurriera con Shell dos años y medio atrás.
Pero hemos sostenido también que: "El ejercicio de poder por parte de los consumidores organizados no puede limitarse a acciones que se desarrollen solamente en el marco de las relaciones de mercado. Las organizaciones de consumidores debemos buscar mecanismos de participación institucional, política y social, que nos permitan incidir en la elaboración de normas, en el diseño de las políticas, en la ampliación de los mecanismos democráticos, en la representación institucional de nuestro sector". (Consumo Sapiens N° 2, marzo 2007).
La cita es muy apropiada para reflexionar acerca de cómo, una vez resuelto el equilibrio entre oferta y demanda y sus precios resultantes, en aquellos mercados en los cuales se impulsó la negativa a comprar y consumir, se continúe impulsando medidas que trasciendan el corto plazo y que garanticen que la situación pasada no vuelva a repetirse en un futuro muy próximo.
No está de más decir que el tomate es un producto natural, que está sujeto a un ciclo productivo, que presenta una marcada estacionalidad (escasa oferta) en los meses de setiembre y octubre, lo cual se traduce en oscilaciones de los precios al consumidor en determinadas épocas del año. Es por ello, que las exitosas acciones que llevaron adelante las asociaciones de consumidores, deberían complementarse hoy con el impulso de otras medidas destinadas a garantizar hacia el futuro un nivel de producción suficiente para abastecer la demanda de los consumidores a precios razonables.
La duda que subyace detrás de estas consideraciones es si los productores que vieron afectados sus ingresos como consecuencias de las adversas condiciones climáticas (que se sumaron a la estacionalidad mencionada) estarán dispuestos, anímica y económicamente, a iniciar un nuevo ciclo productivo, u optarán por la siembra de algún otro producto que les otorgue mayor seguridad y rentabilidad.
Es probable también que ante precios bajos por las menores ventas y ante el fracaso de los productores por los problemas climáticos, el precio no les permita restablecer su capital de trabajo para enfrentar la cosecha futura. En este último caso, la oferta del producto en cuestión será insuficiente para compensar la demanda y, por lo tanto, su precio, una vez restablecido cierto equilibrio en el mercado, habrá subido un par de escalones.
La pregunta entonces es qué debería hacerse para evitar que esa situación, perjudicial tanto para productores como para consumidores, se presente. Dos tipos de acciones parecerían imponerse como necesarias. La primera, desde el lado de la producción, es dotar de incentivos apropiados (créditos blandos, semillas a precios subsidiados, facilidades para afrontar otros costos de la producción, por ejemplo) a los productores para garantizar un volumen adecuado de oferta y una rentabilidad razonable. Naturalmente, que esto es una responsabilidad del Estado (y probablemente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería), pero tanto desde las asociaciones de consumidores, como de aquellas que nuclean a los productores, deberían llevarse adelante presiones para que esas iniciativas se concreten.
La segunda es una cuestión de información y educación hacia los consumidores. En la vida moderna de los grandes centros urbanos se ha perdido hace tiempo el ritmo de la naturaleza. En muchas ocasiones, los tiempos de ésta no coinciden con los estilos de vida y de consumo de las grandes ciudades. Es entonces, una tarea de las organizaciones de la sociedad civil, y también del Estado, impulsar formas de consumo que se correspondan mejor con los ritmos naturales.
Como consumidores, no podemos pretender que si siempre comemos "ensalada mixta", ésta tenga siempre el mismo precio, cuando sus componentes cuentan con marcada estacionalidad en su oferta. Por lo tanto, es una tarea pendiente de las organizaciones y del Estado encarar acciones para que el consumo de los productos naturales se acerque lo más posible a sus ritmos y oscilaciones de producción.
Los problemas de abastecimiento que hubo con el tomate y los fuertes desequilibrios entre la oferta y la demanda también se apreciaron estos últimos meses, y en algunos casos perduran en otras verduras y hortalizas, como ser la papa, la remolacha, la lechuga, el zapallo, la acelga, la espinaca, etc. Esto nos habla de una problemática más generalizada.
Ello parecería indicar que sus causas van más allá de los adversos efectos climáticos y que razones tales como los cambios en la localización de las diversas actividades productivas derivados, a su vez, de modificaciones en los precios relativos de los productos agropecuarios, están influyendo en las situaciones de oferta y de precios mencionados.
En definitiva, ha quedado demostrado que los consumidores tienen un gran poder de mercado cuando adoptan formas de comportamiento conjunto a favor de sus intereses. Pero también queda claro que no resulta lo mismo su ejercicio contra empresas poderosas que tienen capacidad económica y financiera para afrontar contratiempos, que en situaciones, involucran a productores medianos y pequeños. En éstos tiempos son necesarias acciones y medidas cooperativas que garanticen el bienestar futuro de productores y consumidores. Eso es lo que ahora hay que encarar, para que, entre otros objetivos, la abstinencia de compras y consumos siga siendo un instrumento válido y poderoso de los consumidores.
Un dato a tener en cuenta es la diferente evolución de los precios, ya que mientras los correspondientes a las verduras crecieron un 25,3 % en el año 2006 y un 24,2 % en los primeros meses de 2007, el nivel general del Índice de Precios al consumidor lo hizo en un 9,8 % y un 5,8 % respectivamente.