Luis Alberto Mauri (*)

La media sanción de la Cámara de Senadores de una pretendida ley de libre acceso a la información, es contraria al derecho fundamental del ciudadano a saber y violatoria de la garantía constitucional consagrada en el artículo 43° de la Constitución Nacional.

Mientras el 28 de setiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, institucionalizando la prerrogativa del ciudadano de saber qué hacen las autoridades, el gatopardismo político de los senadores justicialistas hace tiempo que impide a los santafesinos poder acceder a este derecho, que responde directamente al principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno.

Cuando el entonces diputado provincial demoprogresista Carlos Favario presentó en el año 2002 su proyecto por el cual se reconocía a los ciudadanos el derecho a la vista y libre acceso a la información, no sólo logró la adhesión de todos los sectores políticos con representación en la Cámara de Diputados, sino que abrió espacio a la esperanza de los santafesinos a poder ser sujetos activos del derecho y no meros destinatarios de "concesiones graciosas" de los funcionarios de turno.

Transcribir algunos de los fundamentos de aquella iniciativa resulta imprescindible ya que estamos hablando de un derecho que permite mejorar la calidad de nuestras instituciones. Señalaba entonces el diputado Favario: "Los principios operativos que informan el derecho a la vista e información son el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la publicidad de los actos de gobierno y de información. Todos ellos analizados a la luz del principio de razonabilidad por aplicación de los artículos 28°, 33° y 75° inc.22 de la Constitución Nacional; artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 13° de la Convención Americana de los Derechos Humanos. San José de Costa Rica" y continuaba: "Es un correlato obligatorio que el Estado por intermedio de sus organismos naturales, cumpla con estos mandatos que concretan la publicidad de los actos y no tratar de escudarse en razones de cuestionable veracidad, o invocando el amparo de vetustas disposiciones legales para seguir impidiendo el libre acceso a la información a los ciudadanos" y concluía: "Mientras la publicidad contribuye a mejorar la eficacia de la administración, la práctica del secreto, como se impone en distintos estamentos de la administración provincial, permite cubrir a veces errores, cuando no actos y actividades ilegítimas, incompetentes y abusivas".

Mientras la Cámara de Diputados por unanimidad aprobó en dos oportunidades el proyecto de ley que resguarda estos principios republicanos -el último tratando un mensaje del propio Poder Ejecutivo- la Cámara de Senadores con el voto justicialista, sancionó después de "cajonear" por mucho tiempo toda iniciativa, su propio proyecto que a todas luces constituye directamente la negación del derecho consagrando una verdadera cultura del secreto y del no saber.

No existen razones para impedir el acceso irrestricto del ciudadano, quien es titular del derecho. El interés legítimo que primero sirvió para trabar la cuestión y la acreditación de fines inserta en el artículo 8° inc. d de la actual media sanción, pasando por la falta de gratuidad y la confidencialidad (art.15°) en base a generalidades excesivas, son cláusulas limitativas y peligrosas, que en el fondo buscan apropiarse de un derecho ajeno y volverlo una mera declaración sin contenido instalando lo que muchos autores denominan "la administración paralela" (Cfr. Agustín Gordillo. Civitas. Madrid).

Es por eso que los intentos poco comprensibles de senadores justicialistas y de la misma vicegobernadora tratando de minimizar las diferencias son respetables pero absolutamente irrelevantes a la cuestión de fondo. La media sanción no es una ley de libre e irrestricto acceso a la información y menos una ley liberal en la materia y en todo caso, si están de acuerdo con la garantía constitucional del artículo 43°, tendrían que haber votado el proyecto unánime de los diputados y los santafesinos no seríamos ciudadanos de segunda.

En verdad, el uso de chicanas políticas en la discusión y en el debate senatorial de estas garantías democráticas; la invocación de páginas web como ejemplos de publicidad; del ser internauta actual; de las analogías sobre legislación existente en la ciudad de Rosario y/o las remisiones parciales al derecho comparado provincial, sinceramente creo que son simples intentos de desviar el fondo de la cuestión para seguir instalando el secreto.

Así lo ha entendido la misma Asociación de Prensa, que ha emitido opinión sobre esta media sanción, concluyendo que no garantiza el libre acceso por las cláusulas limitativas que contiene el proyecto.

A pesar de todos los obstáculos, estoy convencido de que somos muchos más los que creemos que constituye un deber de los funcionarios brindar la información, y si alguna duda cabe basta referir que constituye un derecho humano con garantía constitucional conforme el artículo 75° inc. 22 de la Constitución Nacional.

Porque a partir del año 1994 constituye una categoría de derecho humano constitucional de tercera generación, por estricta aplicación del derecho de integración y a la tutela judicial efectiva, formando parte del nuevo bien común internacional.

Si queremos ser democráticos no busquemos atajos ni tampoco eufemismos que nos hagan aparecer como progresistas cuando en realidad no lo somos. Ser progresista es simplemente reconocer y darle a los ciudadanos los derechos que por su dignidad personal le corresponden, para que con su efectiva participación forme y se sienta partícipe de la vida institucional y democrática.

Es que la mayor participación de los ciudadanos se logra con criterios de legalidad y no con oportunismos estatales temporales.

Si queremos ser democráticos, nunca más el derecho debe depender de la voluntad de quien ejerce el poder ni de su arbitraria discrecionalidad.

Negar la ley de acceso al derecho a la vista y acceso a la información es negar la democracia como estilo de vida, caso contrario lo que se declama no es la realidad y sólo sirve para hacer ilusorio los derechos inalienables de los ciudadanos, quienes quedan capturados por la burocracia y el autoritarismo de quienes se arrogan derechos que no les corresponde.