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Paraná, (Télam).- Se trata de Esther Torres, madre de Miguel Lencina, quien apareció ahorcado en la celda en la que estaba detenido, y a su vez suegra de Mirta Chávez y tía de Raúl Monzón, los dos únicos imputados por el hecho.
El presidente del tribunal, José María Chémez, impuso a Torres las disposiciones del artículo 243 del Código Penal, que establece que por el vínculo que tiene con los imputados, tiene la facultad de declarar o de abstenerse de hacerlo.
Sin dudar, la mujer expresó que se abstenía de declarar y abandonó rápidamente la sala.
La querella, los defensores de Monzón y Chávez y el tribunal esperaban con interés el testimonio de la mujer, a quien sus propios familiares definieron como "la cacique" del clan Lencina.
La decisión de Torres fue considerada "muy sugestiva" por el abogado querellante, Leandro Ríos.
"En la instrucción declaró y contó cosas que llaman la atención, por lo que esta decisión de no testimoniar en el juicio responde a una estrategia defensiva", sostuvo el abogado.
Durante la jornada de hoy, declararon Cipriano Ramos, padre biológico de los hijos de Esther Torres que, sin embargo, llevan el apellido Lencina, porque fueron adoptados por Juan Ramón Lencina, actual esposo de la mujer.
Ramos trabaja en un horno de ladrillos de Lencina y vive en una precaria vivienda situada junto a la de su ex pareja, en aparentes buenas relaciones con el grupo.
También testimonió hoy la hermana de Jonathan Nazareno, el chico que Miguel Angel quería hacer "debutar" sexualmente con Fernanda Aguirre, tras haberla secuestrado.
La chica, que al momento del secuestro tenía alrededor de 12 años, no aportó mayores datos a la investigación.
También testimonió Juan Ramón Lencina, quien afirmó que Fernanda "no está muerta", aunque dijo desconocer detalles del caso.
También reconoció que nunca le preguntó a su nieto Nazareno qué había pasado la tarde del secuestro, lo que exasperó al presidente del tribunal, quien consideró que la declaración era "cínica".
Durante la jornada, el tribunal informó que había decidido rechazar el pedido de los defensores de Monzón de citar a testimoniar a los jefes de investigaciones Carlos Catena y Miguel Geuna para verificar posibles irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa.
El tribunal argumentó que tales irregularidades podrían constituir, eventualmente, hechos ilícitos y, de recibirse tales declaraciones, esos testimonios tendrían que ser brindados bajo juramento de decir la verdad, lo cuál podría llevar a esos funcionarios a autoincriminarse.
Conforme a lo establecido en el artículo 134 del Código Penal, los magistrados resolvieron no recibir las declaraciones de los jefes policiales, pero aseguraron la reserva casatoria y federal formulada por la defensa de Monzón.
Fernanda Aguirre fue secuestrada el 25 de julio de 2004 cuando caminaba hacia su casa de la localidad entrerriana de San Benito, alrededor de las 16, en momentos en que jugaban un partido de fútbol Argentina y Brasil.
A pesar de que sus padres pagaron el rescate de 2.000 pesos exigidos por los secuestradores, nunca volvió a aparecer.
Delegaciones de la policía entrerriana y sus propios padres la buscaron por toda la Argentina, países vecinos y hasta en Europa, pero sin ningún resultado.
El principal sospechoso del secuestro, Lencina, era un preso condenado por dos homicidios y que al momento del secuestro gozaba de una salida sociofamiliar de prisión otorgada por la Justicia.
El 6 de agosto de 2004, pocos días después de ser detenido por el secuestro de Fernanda, Lencina apareció ahorcado en la celda de la comisaría quinta de Paraná, donde permanecía alojado.
La viuda de Lencina, Chávez, fue detenida tras determinarse en la instrucción de la causa que había sido quien llamó a la familia Aguirre y pidió un rescate de 2.000 pesos para liberar a la joven.
Por su parte, Monzón también estuvo detenido por su presunta participación en el secuestro tras determinarse que le brindó albergue a Lencina y a su esposa horas después del secuestro.
De ser encontrados culpables, Chávez podría llegar a ser condenada a entre 10 y 25 años de prisión, mientras que Monzón recibiría la misma pena, pero disminuida entre un tercio y la mitad.