A la Legislatura porteña las corporaciones sindicales le torcieron el brazo. ¿Un síntoma de la ciudad de Buenos Aires o el síntoma de una Argentina decadente? Todo parece indicar que, lamentablemente, el problema es nacional y que en nuestro país las facciones sindicales tienen más poder que el sistema político. Y que un burócrata sindical decide más que un legislador.

El país entero contempló hace unas semanas el bochornoso espectáculo protagonizado por patotas sindicales movilizadas para impedir la aprobación de una ley que pretendía reglamentar las licencias de conducir a colectiveros, taxistas y camioneros a través de un sistema de puntajes. Inútil fue aclarar que el sistema propuesto es el mismo que se aplica con éxito en Europa, en muchos otros países desarrollados e, incluso, en algunos de América Latina. También fue inútil dar a conocer, para ilustrar el debate, la opinión de dirigentes sindicales europeos apoyando la iniciativa y ponderando sus beneficios sociales. En la Argentina "nacional y popular" los seguidores de Moyano, padre e hijo, se opusieron y la única razón que dieron fue la de la violencia, tal como todos los argentinos pudimos presenciar a través de las pantallas de la televisión.

En algún momento del conflicto los legisladores intentaron discutir la nueva normativa y hasta flexibilizaron sus puntos más controvertidos. La respuesta de los sindicalistas se mantuvo en sus trece: la oposición a la reglamentación por puntaje. Como los seguidores de Primo de Rivera, las patotas de Moyano no practican la dialéctica de las razones sino la dialéctica de las cachiporras y los palos.

Como se recordará, la ley propuesta otorgaba a los conductores un número ideal de puntos que se le irían descontando en el caso de que cometiesen infracciones graves. Dicho con otras palabras: si los choferes respetan las luces de los semáforos y las barreras de los trenes y no conducen en estado de ebriedad o a altas velocidades, no tienen nada que temer, no hay ninguna conquista social que perder. Incluso, los legisladores accedieron en su momento a retirar las infracciones menores, pero daría la impresión, a juzgar por la respuesta, que los sindicalistas estaban preocupados por las infracciones graves, aunque esa preocupación funcionara en un sentido inverso a las necesidades y expectativas de la sociedad.

Lo más grave de todo es que como consecuencia de las presiones sindicales y de la actitud complaciente, y a veces cómplice, de las autoridades nacionales, los legisladores se vieron obligados a archivar la ley. La promesa es que en el futuro se abrirá el debate, pero atendiendo a los precedentes de los personajes queda claro que lo que se terminará imponiendo será la voluntad de los caciques sindicales.

Mucho más grave aún que este antecedente institucional, es el hecho cierto de que la población continúa expuesta a la irresponsabilidad de los conductores de taxis, camiones y colectivos. Conviene recordar, por si hiciera falta, que la ley apuntaba no a quitarle derechos a los trabajadores, sino a proteger a los ciudadanos de los excesos y desatinos que pudieran cometerse.