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AFP-EFE
Los ritmos folclóricos de una banda andina dieron inicio ayer al festejo popular en la ciudad de Oruro, donde el oficialismo aprobó en la Asamblea Constituyente la nueva Carta Magna mientras que una indignada oposición se prepara para protestar.
Los sones de la música rompieron el silencio de la puna donde está enclavado el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica de Oruro, adonde el foro huyó de la violencia de Sucre, su sede legal, convertida hace dos semanas en un campo de batalla entre oficialistas y opositores cuando se aprobó en primera instancia la nueva carta, con el saldo de tres civiles muertos.
Ante la sorpresa de todos se habilitó un sencillo salón para una maratónica sesión de más de 15 horas, que se cerró con la entonación del himno patrio, cantado a viva voz y con lágrimas en los ojos por los asambleístas, en su mayoría del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y entre ellos muchos campesinos e indígenas, sustento del presidente Evo Morales.
"Nació el sol para nosotros después de 500 años de oscuridad y queremos que ahora nuestra luz ilumine a nuestros hijos", señaló orgullosa Esperanza Huanca, una humilde campesina asambleísta del norte de Potosí (sur), ataviada con su vestimenta multicolor quechua, típica de esa región, una de las más pobres de Bolivia.
Su actitud resume el sentimiento de miles de bolivianos, sobre todo de los valles y estribaciones de la cordillera andina, donde el desarrollo aún no ha tocado sus puertas.
La propia presidenta de la Asamblea Constituyente, la indígena quechua Silvia Lazarte, no pudo contener sus lágrimas al clausurar la sesión, tras muchas críticas a su condición social y su carencia de formación universitaria.
Lazarte fue la abanderada del presidente Morales en la Asamblea Constituyente, para impulsar una reforma legal de corte indígena y estatista y para cumplir el anhelo de justicia, largamente perseguido por las clases sociales más pobres del país.
La política gubernamental y las reformas a la ley fundamental son resistidas por los empresarios y latifundistas de los llanos del este de Bolivia, representados por los gobernadores y comités civiles de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que llevan adelante una huelga de hambre y han convocado a una resistencia civil en contra del gobierno.
Los opositores acusan al jefe de Estado de gobernar sólo para la región andina y no para todo el país y de imponer una nueva Carta Magna sin consenso entre todos los bolivianos.
Los festejos se replicaron, según radioemisoras locales, en casi todas las ciudades andinas, panorama muy diferente de los ubérrimos llanos orientales donde los cuatro departamentos, de los nueve que tiene Bolivia, encabezan un movimiento opositor a la política gubernamental de Morales, afectados por los cambios que provocará la nueva Carta Magna, en un próximo referendo nacional.
El proyecto de nuevo texto constitucional tiene 411 artículos, que fueron leídos en cinco bloques temáticos y después votados a mano alzada y sin apenas debate, aunque todavía falta su ratificación en referendo.
La norma ya fue aprobada en primera instancia el pasado 24 de noviembre en un colegio militar de Sucre, sede oficial del foro, y en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos.
El texto consagra y aumenta los derechos de los pueblos indígenas bolivianos -Evo Morales pertenece a la etnia aimara- y contempla la reelección presidencial por un período adicional, no de forma indefinida como había propuesto el oficialismo originalmente.
Con esta reforma, el mandatario podría gobernar hasta 2018 en dos nuevos períodos de cinco años, si vence en las elecciones que se convocarán tras la entrada en vigor de la futura Carta Magna.
Durante el proceso de aprobación en detalle, el artículo referente a la definición de latifundio no logró los votos necesarios y, por el momento, será el único que se consultará a la población en un referendo anterior al del proyecto constitucional.
No obstante, también hubo problemas con dos artículos más, que fueron reconsiderados una vez finalizada la aprobación en detalle, en medio del descontento de los asambleístas de la fuerza opositora centrista Unidad Nacional (UN) y de la confusión de otros.
Uno de los artículos, el 6, establece que Sucre es "capital oficial de Bolivia" y no recoge la propuesta de trasladar el gobierno y el Parlamento desde La Paz a esa ciudad.
Además, el artículo 125 señala que se considerará "traidores a la patria" a quienes promuevan acciones de desintegración territorial o de cualquier manera atenten contra la unidad del país.
A diferencia de los asambleístas de Podemos, los de UN sí participaron en la sesión celebrada en Oruro, pero se abstuvieron o votaron en contra de casi todos los artículos y denunciaron reiteradas violaciones al reglamento del foro.
Mientras, autoridades regionales y cívicos opositores a Morales anunciaron que en las próximas horas darán a conocer su postura sobre la aprobación del proyecto de nueva Carta Magna.
Revocatoria de mandatos
El presidente boliviano envió ayer al Congreso un proyecto de ley para la revocatoria de su mandato y de los nueve gobernadores de Bolivia, cuyos mandatos originales de cinco años fenecen en enero de 2011.
La propuesta de Morales establece que su mandato y el del vicepresidente serán revocados si en la consulta popular la votación que rechaza su gestión supera los votos por los cuales fue elegido presidente en diciembre de 2005: 53,74 % o 1.544.374 sufragios.
En el caso de los prefectos (gobernadores) se aplican similares parámetros.