La asunción del nuevo equipo de gobierno en la provincia llega acompañada de algunos incómodos remezones y no poca incertidumbre, en el marco de una problemática de fondo que excede la propia de un cambio de signo político, después de un cuarto de siglo.

En el extenso período que medió entre el anuncio del gabinete del gobernador electo Hermes Binner, y la inminente llegada efectiva al poder, se produjeron tres bajas en la primera línea de colaboradores: debió reemplazar al ministro de Obras Públicas y al fiscal de Estado, y dejar sin titular a la flamante cartera de Trabajo.

Al efecto propio de esta sucesión de fallidos, se sumaron las consabidas operaciones políticas destinadas a aumentar la sensación de inestabilidad, ahora amparadas en una credibilidad inesperada.

En rigor, sería apresurado y seguramente injusto endilgar improvisación al nuevo gobierno. En todo caso, la situación da cuenta del nivel de dificultad para reclutar un staff de funcionarios suficiente en cantidad y calidad para satisfacer las demandas de una ambiciosa reestructuración de la primera línea de la burocracia estatal y el alto nivel de expectativas generado en la sociedad.

De por sí, el aumento de ministerios y dependencias, con un grado de especificidad pero también de interconexión que puede generar dificultades a la hora de definir con precisión las competencias y mecánicas de funcionamiento, requerirá una fina sintonía de coordinación y un ajustado manejo presupuestario.

Pero además, los problemas afloran en la selección de las personas que ocuparán los respectivos cargos. En este punto, el nuevo gobernador y sus ministros se han recostado fundamentalmente en dirigentes socialistas y técnicos, en la mayoría de los casos vinculados con la ciudad de Rosario. La discusión a propósito de este primer sesgo político-geográfico (aplicado incluso a entes de carácter local, como el del puerto) ha quedado soslayada ante la compartida vocación de no entorpecer una instancia de cambio tan fuerte en lo institucional. Pero, según cual sea el curso de los acontecimientos, podría ser un elemento que aflore a futuro.

Por lo demás, la búsqueda de integrantes del gabinete se topó con el inconveniente de conjugar capacidades individuales y aptitud para el trabajo en equipo, y el estatus profesional con el desgaste de la exposición pública. Además, quienes se han destacado por su desempeño en la actividad privada suelen tener ingresos sensiblemente superiores a los que puede prometerles el Estado; un ítem que seguramente debería ser revisado, para no desalentar a posibles buenos funcionarios, ni tentar al equívoco parche de compensaciones semi-ocultas. Objetivo atendible que, sin embargo, choca con la sensibilidad de una opinión pública que mantiene una visión negativa del sector político y desconfía de la vocación de servicio que debería alentar el acceso a los cargos.

Todo lo cual proyecta un escenario complejo, al que seguramente el gobierno que se inicia deberá aplicarse más temprano que tarde. Ya se produjeron las primeras señales de advertencia al respecto.