Las negociaciones planteadas entre el gobierno de Colombia y la guerrilla por la libertad de la dirigente Ingrid Betancourt se han complejizado por la participación de los jefes de Estado de Venezuela y Francia. En las últimas semanas las tratativas parecen haberse congelado por la oposición del presidente Uribe a la intermediación de Chávez, motivo por el cual el mandatario venezolano se manifestó en términos muy críticos contra el presidente de Colombia.

Las FARC, es decir la organización guerrillera de Colombia, pide a cambio de la liberación de Betancourt y otros detenidos extranjeros, la libertad de sus presos y una importante suma de dinero. Los jefes guerrilleros expresaron con desenfado su voluntad negociadora y el reproche que Chávez, y de alguna manera Sarkozy, le hacen a Uribe por haber bloqueado las negociaciones en nombre de la razón de Estado.

Conviene recordar que las FARC son la guerrilla más antigua de América Latina y que la novedad que ha aportado a la lucha armada revolucionaria es el financiamiento de su actividad con negocios de narcotráfico. Su poder político y militar no le alcanza para tomar el poder, pero sí para mantener territorios ocupados y una permanente situación de beligerancia a la que Uribe prometió ponerle punto final.

En recientes declaraciones, el mandatario colombiano se refirió a los gobiernos europeos con términos muy críticos. Dijo que si ellos estuvieran en su lugar, jamás aceptarían el chantaje de una organización terrorista. Cita al respecto los casos de la ETA en España o del IRA en Irlanda, en los que los Estados nacionales no cedieron a los reclamos de organizaciones subversivas. Tal vez el caso más paradigmático fue la famosa y trágica huelga de hambre de los militantes del IRA que murieron sin que Margaret Thatcher accediera a sus peticiones.

El tema no está cerrado y en las últimas horas los familiares de los secuestrados y el propio Sarkozy han reclamado, además, la participación de los presidentes de Brasil y la Argentina para que negocien con las autoridades colombianas. Como es lógico de suponer, las familias de los presos insisten, en nombre de la clemencia o del humanismo, que se debe acceder a las exigencias de las FARC para obtener la liberación de los secuestrados.

Sin embargo, la respuesta de Uribe es la típica de un jefe de Estado: el poder legítimo no puede ni debe negociar con terroristas porque significaría declinar su autoridad legal y soberana.

Los argumentos de Uribe son previsibles, aunque habría que recordarle que ni en Francia ni en ninguno de los países de América Latina existe una guerrilla como la de Colombia, que opera desde hace casi cuarenta años y que sigue controlando militarmente importantes territorios.

�Razón de Estado o humanismo? Ése es el interrogante que se debe develar en este caso. La alternativa es parecida a la que se le planteó a las autoridades italianas cuando las Brigadas Rojas secuestraron al líder democristiano Aldo Moro. Entonces, en nombre de la razón de Estado, se decidió no acceder a sus exigencias pese a que el Papa Pablo VI y los dirigentes socialistas se pronunciaron a favor de salvarle la vida.