Crisis política en Bolivia

Regiones rebeldes avanzan hacia autonomía de facto
Cuatro regiones rebeldes de Bolivia afinan los mecanismos para avanzar desde el sábado hacia autonomías de facto, mientras el presidente Evo Morales advirtió que "autonomía no es división" y que "nadie va a permitir ninguna división en Bolivia".

"No hay por qué tener miedo al diálogo, si no aceptamos el diálogo es porque no tenemos razones", aseguró el presidente boliviano, Evo Morales, tras volver a ofrecer diálogo a los prefectos de las regiones rebeldes, que buscan una autonomía de facto en el país.

"La autonomía está garantizada" en la nueva Carta Magna que fue aprobada el domingo en la Asamblea Constituyente, en ausencia del principal partido de la oposición, pero "la autonomía no es separación, la autonomía no es división", sostuvo el presidente.

La declaración se da en momentos en que una autodenominada "asamblea preautonómica" comenzó a preparar en Santa Cruz "una revolución autonómica" con "las armas de la democracia", según dijo su presidente, Pablo Klinsky.

El estatuto autonómico de Santa Cruz, que será puesto en consideración de la población el sábado en un cabildo, traza "un camino alternativo para Bolivia" en la perspectiva de que "los cruceños no queremos un país comunista ni socialista", especificó Klinsky.

Similares reuniones se realizaron en tres regiones más -Tarija, Beni y Pando-, donde también triunfó el "Sí" en un referendo sobre autonomías en julio de 2006. Otros cinco distritos -La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca- votaron por el "No" a las autonomías.

Las regiones rebeldes, encabezadas por Santa Cruz -que concentra el poder económico del país- pretenden acelerar el proceso autonómico, descontentas con la aprobación del texto de una nueva Carta Magna por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente en ausencia de la oposición.

El nuevo texto constitucional -que debe ser sometido a referendo antes de su puesta en vigencia- incluye autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas que, en los hechos, restan poder a los prefectos.

A la iniciativa de Santa Cruz se sumaron el prefecto de Cochabamba, el ex militar derechista Manfred Reyes Villa, e influyentes grupos civiles también de derecha de Chuquisaca.

En medio de una tremenda polarización, Pedro Núñez, vicepresidente de la poderosa Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), rechazó la iniciativa del prefecto y los movimientos cívico-empresariales de Santa Cruz.

En previsión de incidentes, el gobierno comenzó a desplazar fuerzas policiales adicionales a Santa Cruz para preservar el orden, dijo el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada.

"El Estado dispone de las instituciones de fuerza pública para preservar el orden interno, la integridad nacional y la estabilidad democrática", según la autoridad.

Mientras, en las ciudades de Santa Cruz, Trinidad (Beni) y Cobija (Pando) hace una semana que permanecen instalados piquetes de huelguistas de hambre en rechazo a la nueva Constitución. Según diversos cálculos, en conjunto suman entre 400 y 900 personas.

Ante el agudo cuadro de situación, Rada anticipó que "si las iniciativas democráticas fallan o no prosperan porque sectores confrontacionales no quieren el diálogo, no quieren concertación nacional y atentan contra la unidad del país, seguramente en ese momento esas instituciones de fuerza legal y constitucional actuarán".

En otra arista del conflicto, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, estimó que "estamos ante el levantamiento terrateniente, el levantamiento del gamonalismo (caudillismo) más retrógrado y conservador contra la democracia, contra la unidad y contra el proceso de cambio y revolución agraria", en alusión a la oposición a la nueva Constitución por parte de latifundistas de Santa Cruz.

Las cuatro regiones rebeldes, autodenominadas "media luna" por su posición geográfica, demandan autonomías desde hace tres años, mientras que el gobierno central teme que estas iniciativas pongan en peligro la integridad del país.