La experiencia de la privatización de los servicios de agua potable y cloacas dejó en claro que el desarrollo de la infraestructura, necesaria para superar el atraso en el sector de saneamiento, no puede descansar en el bolsillo de los usuarios.

Ha sido en la actual etapa -en la que el Estado debió hacerse cargo de la concesión-, cuando por vía de los hechos no quedaron más dudas, ni márgenes para el debate: hoy, el producido por las tarifas se vuelca exclusivamente a hacer funcionar y mantener los sistemas existentes. Es con aportes de capital que provienen de las arcas del Estado, que se invierte en expandir los servicios.

Debe decirse que los esfuerzos para remediar la situación son elogiables, pero todavía insuficientes. Tanto que pese a que se ejecutaron obras por 140 millones de pesos -una cifra que es 526 veces superior a la que destinó el privado en su último año de gestión- el objetivo de que el agua potable llegue a todos los usuarios ha quedado recién para 2012. Al convocarse al capital privado, se pensó que la meta iba a alcanzarse en 2005.

En febrero del año pasado terminó el ciclo que se inauguró en diciembre de 1995. Durante esos años, una empresa concesionaria -con mayoría de capitales franceses- tuvo la responsabilidad de brindar ambos servicios, en 15 distritos de la provincia.

De aquel contrato, hoy subsiste un juicio en el Ciadi contra la Argentina (que eventualmente el Estado Nacional podría trasladar a la Provincia) por 310 millones de dólares. Es lo que Suez entiende que puede reclamar porque no pudo actualizar sus tarifas al aumentar el dólar; poco le importó haber firmado que resolvería cualquier diferencia en los tribunales locales o que los valores tarifarios no estarían atados a la divisa norteamericana.

En materia de servicios sanitarios, el paradigma de los 90 consistía en suponer que la inversión privada de riesgo sería capaz de hacer lo que no había podido realizar el sector público. Que no sólo haría funcionar eficientemente los servicios (lo que en la mayor parte de la concesión se logró), sino que además financiaría (y recuperaría de los usuarios) el costo de desarrollar una infraestructura que urgía.

Sobre esto último se hizo muy poco. En materia de expansión de los servicios se perdió casi una década completa, porque el incumplimiento del contrato de concesión por parte de la ex Aguas de Santa Fe comenzó mucho antes del fin de la Convertibilidad. Un esquema de permisivas renegociaciones contractuales evitó, durante los años del uno a uno (cuando no existían excusas para no hacer inversiones), que la compañía cumpliera sus obligaciones contractuales. (Y debe recordarse que por el uso de los bienes de la concesión no se pagaba canon).

Sólo en uno de los 10 años, la compañía alcanzó las metas de inversión diseñadas por los privatizadores, de acuerdo con los dictámenes del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

Hoy, el contraste entre los años de la privatización y los de la gestión por parte de la provincia es fuerte. Pero debe advertirse que lo es sobre todo porque el Estado santafesino capitalizó con 100 millones de pesos a la empresa Aguas Santafesinas.