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La Cámara de Senadores aprobó ayer por 46 votos contra 20 y convirtió en ley el proyecto de Emergencia Económica, que le permitirá al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner renegociar los contratos de servicios públicos sin intervención del Congreso.
En una segunda votación, la Cámara Alta sancionó la prórroga a los impuestos a los cheques y a los cigarrillos que fueron aprobados por 46 a 20 y en varios artículos que se necesitaba de un porcentaje especial, por 58 a 8.
El titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, argumentó en contra del proyecto con frases que extrajo del discurso de la presidenta en el acto de jura, el 10 de diciembre, y afirmó que la iniciativa "va en contra de lo que ella propuso a favor del diálogo y la institucionalidad". "El país ya ha resuelto los problemas más graves desde el año 2002, cuando se aprobó por primera vez la emergencia económica", al tiempo que sostuvo que "si queremos mejorar la institucionalidad, no podemos votar esta nueva delegación de poderes".
El senador jujeño sostuvo que "no hay situaciones que ameriten una prórroga" y recordó indicadores económicos sobre crecimiento del producto bruto, baja de la desocupación, eliminación de la doble indemnización, al tiempo que sostuvo que "ésta será la primera ley sancionada por Cristina Fernández" que "en vez de ayudar, deteriora la calidad institucional".
A su turno, el jefe de la bancada radical, Ricardo Sanz, atribuyó a la iniciativa oficialista la intención de "acumular poder político", y negó que la ley tenga "alguna eficacia, cuando en el año 2006 no se usó para nada". Por su parte, Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, en su primera intervención en el recinto fundó su oposición al proyecto oficial en parte del discurso pronunciado por Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre y afirmó que el senado "debe honrar la Constitución no prorrogando más las excepcionalidades", porque medidas de este tipo "mantienen a las instituciones en estado de emergencia".
A su vez, la justicialista bonaerense Hilda González de Duhalde también apeló a palabras de la actual presidenta en el recinto de Senadores cuando se oponía a los proyectos de delegación y, tras afirmar que no creía que Cristina Fernández apoye la norma que fue propuesta al Congreso por su esposo, pidió a la titular del Ejecutivo: "Ojalá que la presidenta de todos sea capaz de vetarla".
También expresaron su oposición el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, su comprovinciana Liliana Negre de Alonso, el radical Norberto Massoni, el socialista Rubén Giustiniani, el arista José Carlos Martínez.
El Senado había recibido el martes de la semana anterior la iniciativa del Poder Ejecutivo y la comisión de Presupuesto y Hacienda le dio un dictamen favorable para que pueda ser abordada en la jornada siguiente en el recinto. Sin embargo, legisladores justicialistas de la Cámara de Diputados no esperaron la aprobación en la Cámara Alta y dieron media sanción a una iniciativa con el mismo contenido y lo remitieron al Senado.
La Ley de Gravamen al Cheque, que se aplica sobre las operaciones de créditos y débitos bancarios, es un impuesto que creció sustancialmente por la dinámica de la actividad económica y brindará al Estado 17.500 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento queda en poder de la Nación y cerca del 30 por ciento se coparticipa con las provincias.
La iniciativa oficialista sobre los cigarrillos dispone extender por un año más la alícuota del 7 por ciento adicional sobre el cigarrillo, y el monto recaudado, unos 500 millones de pesos, es enviado en su totalidad a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La aprobación de ambos gravámenes representa el 10 por ciento de las previsiones presupuestarias, que rondan los 169.000 millones de pesos.
La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que propone incorporar los vales o tickets alimentarios al salario de los trabajadores. La decisión contó con el respaldo de los 61 senadores presentes de todas las bancadas y fue votada en general y en particular en un mismo acto.
El proyecto de los tickets fue aprobado en un trámite rápido por la Cámara de Diputados, inmediatamente después de conocido el fracaso de un supuesto intento de empresarios de ofrecer cuantiosos montos de dinero para detener la iniciativa del justicialista Héctor Recalde, ligado al secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
La norma determina que los tickets pagados en concepto de retribución alimentaria se incorporarán en forma gradual a los básicos de los salarios de los empleados hasta un plazo máximo de 20 meses.
El blanqueo de esta situación representará ingresos de 1.300 millones de pesos para el Estado nacional, que se distribuirán para fines sociales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que percibirá 809 millones, quinientos millones más que en la actualidad por el mismo concepto, mientras las obras sociales recibirán 360 millones y el resto llegará al Pami.
El senador oficialista y ex gobernador tucumano Julio Miranda indicó que el proyecto apuntaba a "la protección de los salarios, la dignificación del trabajo por medio del salario justo y la búsqueda de la capitalización de los recursos de la seguridad social".
A su turno, el presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, quien es titular de la Comisión de Trabajo senatorial, argumentó a favor de la aprobación del proyecto de Recalde y sostuvo que, según informes de la Afip, sólo el 3 por ciento de las empresas utilizan los vales y sólo 1.800.000 de trabajadores, un 16 por ciento del total, reciben esa remuneración.
Morales destacó además "el impacto positivo" que tendrá el blanqueo en materia de recaudación que dotará de 1.300 millones de pesos al Estado, que se destinará a servicios sociales. Por su parte, el jefe de bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, recordó que la posición oficial en este tema había sido adoptada horas antes por la presidenta Cristina Fernández, durante una reunión con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Afip, Alberto Abad.
Pichetto afirmó que el gobierno nacional se propone "avanzar en el blanqueo de los salarios de los trabajadores y de la situación de las obras sociales".
El Ministerio de Economía prevé emitir por estos días un bono a largo plazo por 1.000 millones de dólares a la Anses, lo que permitiría cubrir las necesidades de financiamiento hasta mediados del año próximo.
De concretarse la operación, sería la mayor emisión de un título que realiza el gobierno argentino tras la crisis que sobrevino a fines de 2001.
A fines de octubre, el Palacio de Hacienda obtuvo de la Anses 2.250 millones de pesos mediante la colocación de una Letra a cuatro meses, y otros 500 millones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) con otra Letra también a 120 días.
La nueva emisión -que podría hacerse efectiva antes de fin de año- sería una ampliación de un bono denominado "descuento", que surgió en el canje de deuda concretado a comienzos de 2005. Se trata de un título en dólares a 26 años de plazo, dado que vence en 2033.
En su último informe, el Estudio Bein & Asociados destacó que tanto "los ahorros de la Anses derivados inicialmente del superávit de 2005 y 2006, y del traspaso de fondos de las AFJPs incluidos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el Sistema Jubilatorio Público de Reparto, forman también parte del colchón de financiamiento con el que cuenta el Tesoro".
El Estudio Bein estima que para financiar el 2008 hará falta conseguir 5.397 millones de dólares en los mercados. Pero la mayoría de los vencimientos fuertes están concentrados en la segunda mitad del año, por lo que el primer semestre es relativamente tranquilo en materia financiera.
Privatizadas
El Senado aprobó y giró a Diputados la renegociación de los contratos de concesión de las empresas Camuzzi, Gasnor y de la ferroviaria de cargas América Latina Logística. La Cámara Alta también dio su visto bueno a los acuerdos firmados por la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren) que depende del Poder Ejecutivo, sobre la base del marco legal que le otorga la ley de Emergencia Económica, cuya vigencia fue extendida hoy por un año más, pero debe obtener de todos modos convalidación parlamentaria. Las renegociaciones fueron aprobadas por amplia mayoría, con el apoyo de la bancada oficialista y el rechazo del bloque radical y de otros legisladores de la oposición.