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De la Redacción de El Litoral
El jefe de policía de la Unidad Regional X, comisario mayor Sergio Aguilar, fue procesado por el delito de "robo e incumplimiento de los deberes de funcionario público", junto a otros diez subalternos, entre ellos, el titular de la Agrupación de Unidades Especiales, Javier Kamlofsky. La resolución está apelada por la defensa.
La jueza en lo penal de Instrucción, Ana María Bardone, del distrito judicial N° 6 de Cañada de Gómez, procesó el 30 de noviembre a once funcionarios policiales de diferente grado en la escala de mando.
Los acusó de haber participado directa e indirectamente -a través del encubrimiento u omisión de denuncia-, en el robo sufrido por la empresa Repsol-YPF, durante la madrugada del 8 de julio pasado.
Los once policías pertenecen a la Jefatura de Cañada de Gómez y se encuentran implicados en la pinchadura de un poliducto de la empresa de combustibles, a la altura de la localidad de Bustinza, ubicada 60 kilómetros al oeste de Rosario.
La denuncia se radicó en esa localidad, el mismo día en que operarios de la empresa detectaron irregularidades en la presión de los ductos.
Era casi la medianoche del sábado 7 de julio -entre las 23.55 y 0.17 del otro día-, cuando los empleados constataron una caída de presión del conducto que transporta combustible. A los pocos minutos, ya en la madrugada del domingo -entre las 0.31 y las 0.56- ocurrió el segundo bajón.
Rápidamente denunciaron lo que estaba sucediendo a la policía, e indicaron el lugar de la extracción. La policía de Bustinza se encontró con un camión cisterna cargado que fue secuestrado, y tres personas quedaron detenidas.
Pero ante la llegada de otra comisión de uniformados, se ordenó liberar a los tres sujetos y no quedaron registros de ese episodio en ninguna base policial. La empresa luego constató la falta de 16.500 litros de nafta virgen.
Si bien los principales acusados están procesados por los delitos de "robo e incumplimiento de deberes de funcionario público", existen más procesados por "encubrimiento de robo", dado que tras haberse enterado de lo ocurrido, se lo callaron.
Los procesamientos están recurridos por los abogados defensores de los policías y ahora será la Cámara de Apelación Penal la encargada de dilucidar si la jueza tuvo elementos suficientes para tomar la medida o se deberá seguir investigando.
Aunque la defensa insiste en que no se trata de hechos probados, sino meras "conjeturas", la jueza habría constatado una serie de llamadas telefónicas durante la madrugada del robo, en la que distintos policías mantuvieron contactos poco habituales, que se condice con las versiones que aportaron testigos y denunciantes.