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Buenos Aires, (Télam).- El ex jefe del Ejército en la última dictadura Cristino Nicolaides fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de militantes montoneros que intentaron regresar al país en la década del '80 para derrocar a la dictadura.
El juez federal Ariel Lijo dispuso "profundizar" la investigación sobre el secuestro de militantes montoneros en la década del '80 con el fin de establecer la responsabilidad de "las autoridades" de las zonas en las que se dividió el país en la última dictadura.
Lijo impuso penas de 25 años de prisión a Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval y Santiago Hoya; 23 años a Juan Carlos Gualco, Waldo Roldán y Julio Simón; 21 años a Carlos Fontana y 20 a Pascual Guerrieri.
El juez emitió así la primera condena a un alto jefe del aparato represivo de la última dictadura desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Para el magistrado, "el Batallón 601 fue un engranaje de relevancia entre 1976 y 83" para la comisión de "delitos de extrema gravedad" donde la "impunidad fue el eje preponderante".
Bajo la órbita de los condenados, aunque de manera coordinada con todas las subzonas en que se dividió al país en la dictadura, "se sometía a interrogatorio, se torturaba física y psicológicamente en distintas formas, mientras duraba el cautiverio".
El Batallón 601 "fue núcleo central de procedimientos aberrantes que culminaron con secuestros" donde los condenados actuaron "al amparo del poder estatal" con "medios, recursos, infraestructura y armamento necesario".
"Todos tenían plena actividad ilegal y ejercieron y abusaron de la impunidad del poder", resaltó Lijo, quien leyó el fallo de manera ininterrumpida al término de un juicio hecho bajo el anterior sistema procesal y que se hizo público en las últimas audiencias a pedido de los querellantes.
Nicolaides, quien será notificado del fallo en su lugar de detención en Córdoba, estará preso según el cálculo del juez hasta el 11 de julio de 2027, ya que lleva 5 años, 5 meses y 7 días detenido en esa causa.
A la audiencia final concurrieron los detenidos Luis Jorge Arias Duval, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Pascual Guerrieri y Julio Simón. Este último, ya condenado a 25 años de prisión en otra causa por delitos de lesa humanidad, abandonó la sala antes de que fuera leída la sentencia en su contra.
Salvo Simón, los demás cumplen prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años.
Los acusados permanecieron sentados de cara al juez y luego tuvieron que escuchar los aplausos con que fue recibido el fallo en una sala colmada en la planta baja del Palacio de Justicia, además de irse al grito de "genocidas" o "púdranse en la cárcel".
Todos fueron encontrados culpables de integrar una asociación ilícita que puso en "peligro la vigencia de la Constitución Nacional" basada en "una organización militar de gran poder ofensivo" que "operaba en distintas zonas del país".
El grupo delictivo cometió delitos como privación ilegal de la libertad calificada por su carácter de funcionarios públicos en uso de sus funciones, reducción a la servidumbre, severidades, vejaciones y apremios ilegales.
"Los acusados tuvieron incidencia significativa en labores relevantes en el Batallón 601", dio por probado el juez, al recordar que Nicolaides era el "responsable" de la IV Zona del Ejército, donde funcionaba.
"Tenían cargos jerárquicos relevantes, estuvieron en el centro de un plan tendiente al eliminamiento de todo aquél considerado subversivo, en nombre de todo argentino", graficó el juez en una sentencia que fue aplaudida por una sala colmada en el Palacio de Justicia porteño.
"La operatividad del Batallón 601 quedó demostrada en sus grupos de tareas", agregó el fallo, que fue leído en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizó el juicio a las Juntas militares de la dictadura.
Los represores fueron condenados por el secuestro y desaparición de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carabajal, Lía María Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Tolchinsky, esta última, la única sobreviviente.
Fuimos soldados
El condenado represor Pascual Guerrieri afirmó hoy que fue un "soldado, pagado por el Estado", al reivindicar su actuación en la última dictadura militar. De pie ante el juez, el ex oficial de inteligencia del Batallón 601 afirmó que "desde siempre rechazo el término represión porque nosotros fuimos soldados, pagados por el Estado y salimos a poner orden a la ciudadanía que está aquí a mis espaldas. Espero que esto no sea una venganza".
Guerrieri se refirió al público que colmaba la sala de audiencias: sobrevivientes, familiares de víctimas y militantes de la agrupación Hijos.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión preventiva del ex juez federal, Víctor Hermes Brusa, acusado de haber cometido apremios ilegales cuando se desempeñaba en la función judicial durante la última dictadura.
El alto tribunal resolvió "desestimar por inadmisible" un recurso extraordinario presentado por la defensa de Brusa y no sólo rechazó su excarcelación, sino que prorrogó por un año más su prisión preventiva.
Por el momento, el detenido continuará su período de encierro en un centro médico privado de Santa Fe, lugar en el que se encuentra internado desde los primeros días de diciembre, cuando sufrió una descompensación por deshidratación y el médico policial recomendó que fuera trasladado.
La actual decisión de negarle la excarcelación fue adoptada por los ministros de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.
En la resolución dada a conocer por la Corte, se indicó que los magistrados resolvieron desestimar el recurso extraordinario que interpuso el imputado y que fundamentó su defensor oficial.
La decisión está vinculada con la causa en la cual el ex magistrado es investigado por ocho casos de apremios ilegales durante la dictadura militar.
Brusa fue destituido de su cargo de juez federal de Santa Fe en marzo de 2000, cuando el jury de enjuiciamiento cuestionó la conducta del magistrado por haber atropellado con su lancha a un bañista, sin prestarle asistencia y negando luego el hecho.
En forma posterior a la destitución, la Justicia activó una investigación por las acusaciones contra Brusa, por haber avalado declaraciones conseguidas bajo tortura en 1977, cuando se desempeñaba como secretario de un juzgado en Santa Fe.