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EFE
El gobierno chileno decretó para hoy duelo nacional, con banderas a media asta, en homenaje a las víctimas de la matanza de Iquique, nunca cuantificadas con exactitud, que dejó el ataque del ejército contra varios millares de obreros del salitre que sostenían una huelga en demanda de mejoras salariales y laborales, contra sus mujeres y contra sus hijos.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas de izquierda han desarrollado desde hace varios meses una serie de actos que culminarán hoy en Iquique, adonde llegará una "marcha social", que emula la travesía del desierto de Atacama que los huelguistas realizaron hace cien años, esperanzados en encontrar una respuesta a sus demandas.
Pero, a su llegada, sólo escucharon "voz de metralla", como dice un canto popular que recuerda además el consejo de un minero a su mujer durante la épica travesía del desierto más árido del mundo: "Confía, porque en Iquique todos van a entender".
Las demandas de los trabajadores incluían un sueldo en dinero y una reducción de la jornada laboral de doce horas diarias, de lunes a domingo, bajo el inclemente sol del desierto.
Entonces, los salarios los recibían en fichas que sólo podían cambiar por artículos de primera necesidad en la "pulpería" de la "oficina" (yacimiento) salitrera.
La huelga paralizó 102 salitreras esparcidas por el desierto, poniendo en jaque la explotación del principal producto chileno de la época.
La sangrienta arremetida de las tropas, enviadas por el gobierno del presidente Pedro Montt (1906-1910) para sofocar la huelga, dejó, según la prensa de la época, unos "300 revoltosos" muertos, mientras historiadores hacen subir la cifra a 2.000 y fuentes sindicales a 3.600, incluidos muchos trabajadores peruanos y bolivianos.
Para ocultar la magnitud de la matanza, las autoridades no extendieron certificados de defunción de las víctimas, cuyos cadáveres fueron sepultados en una fosa común hasta 1940, cuando a raíz del cierre del cementerio fueron trasladados a otra fosa, en un patio del Instituto Médico Legal de Iquique.
Los actos conmemorativos incluyeron la exhumación de los cuerpos y desde el pasado agosto se han extraído alrededor de un millar de restos.
El gobierno de Michelle Bachelet ofreció los recursos necesarios para la identificación de los cuerpos, tarea muy difícil, según los expertos, pues deberá recurrirse al ADN de los descendientes.
El 8 de diciembre, el ministro de Interior, Belisario Velasco, encabezó en Iquique, la inauguración de una plaza en memoria de las víctimas.
Velasco abogó porque "nunca más" se registren esos hechos, lamentó la política "de crímenes" de los gobiernos de la época contra el incipiente movimiento sindical y pidió perdón en nombre del Estado chileno.
Las actividades conmemorativas han puesto en el tapete este episodio que la historia de Chile, durante varias décadas, "no quiso recordar", como subraya también el canto popular.
La masacre salió a la luz pública a finales de los años 60, a través de la "Cantata de la escuela Santa María", del fallecido compositor Luis Advis, que el grupo Quilapayún ha popularizado en todo el mundo.
Para el historiador Mario Garcés, la masacre de 1907 "es un caso muy emblemático en la historia de Chile, porque tendió a negarse y durante muchos años aparentemente se impuso el olvido".
"Regresó a la memoria como una profecía", dijo Garcés, en cuya opinión la Cantata fue una advertencia de que hechos tan luctuosos podían repetirse, como efectivamente ocurrió con la dictadura de Augusto Pinochet.
A su juicio, tras la matanza, "el ejército se sintió en el derecho de intervenir en los asuntos sociales y políticos cada vez que el Estado lo requiriera".
Una conducta que, a su juicio, se refleja en el hecho de que jamás el Ejército ha tenido algún gesto de constricción y que por el contrario, un regimiento lleve hoy el nombre del general Roberto Silva Renard, que comandaba las tropas.