La tragedia ocurrida en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) abre un debate muy interesante acerca de la seguridad que deben exhibir las casas de altos estudios y los centros de investigación para realizar sus tareas, pero también sobre los objetivos que toda universidad debe sostener para ser tal.

Como se recordará, el 5 de diciembre pasado se produjo un accidente en uno de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la UNRC a causa de la explosión de varios tambores de hexano, un material altamente inflamable. Como consecuencia de ello murieron cuatro personas, tres docentes e investigadores y un estudiante, manteniéndose en condición reservada otros dos investigadores.

Lo sucedido fue considerado una tragedia, pero más allá de las condolencias por las vidas perdidas, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles se movilizaron reclamando una investigación a fondo para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido.

Por su parte, el rector de la universidad viajó a la ciudad de Buenos Aires para informar lo sucedido a las autoridades nacionales y reclamar más fondos para la casa de estudios por considerar que estas tragedias acaecen porque los investigadores trabajan en condiciones precarias.

En la actualidad, una asamblea universitaria exige la renuncia del rector, del decano de Ingeniería y de los funcionarios responsables de la seguridad de la planta. Según informes disponibles, desde hace más de tres meses se venía advirtiendo con diferentes tonos sobre el peligro de trabajar con material tan inflamable sin tomar los debidos recaudos.

El investigador y Premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro, dijo en una asamblea que los científicos habían conversado, antes de que sucediera lo del 5 de diciembre, sobre estos riesgos, pero que sus prevenciones no habían sido escuchadas. Trabajadores no docentes señalaron que los tambores de hexano estuvieron durante horas expuestos a los rayos del sol sin que nadie hiciera nada para corregir esa situación.

Ahora, la Justicia investigará lo ocurrido, pero más allá de las responsabilidades puntuales que puedan surgir, es necesario advertir que la desgracia no debe ser un pretexto para que se motoricen agitaciones con objetivos desestabilizadores. Y mucho menos, para impedir que la universidad cumpla con sus metas en materia de investigación científica.

La advertencia es pertinente, porque los comunicados de inefables organizaciones gremiales y estudiantiles, en nombre de la solidaridad con las víctimas llegan a poner en tela de juicio objetivos connaturales a una casa de altos estudios. Lo que en estos casos importa es reforzar las medidas de seguridad. Vista la trama desde el revés, hay que decir que el accidente no puede convertirse en argumento para cortar investigaciones o desanudar acuerdos con empresas públicas y privadas.

La investigación científica y los acuerdos con empresas para poner el conocimiento al servicio de la producción, son tareas inexcusables en toda universidad que se precie. Una universidad que no se proponga estos objetivos puede otorgar títulos, pero pierde irremisiblemente parte de su esencia.