Habrá que seguir con atención las alternativas, pero a primer golpe de vista lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires parece reiterar las peores prácticas corporativas por parte de la burocracia sindical. Hace apenas tres semanas que Mauricio Macri se hizo cargo del poder y -pese a que el decretado para esta semana se ha suspendido- debe enfrentar una ola de paros organizados por el sindicato de empleados municipales con apoyo de la CGT.

La causa que provoca estos conflictos también es previsible. En cumplimiento de sus promesas electorales, Macri ha intervenido la obra social de los municipales y no ha renovado los contratos a más de dos mil empleados. Asimismo, ha prometido revisar los recientes nombramientos. Esta suma de iniciativas resulta intolerable para quienes han construido su poder sindical a través de prácticas clientelares. Ello explica los denominados planes de lucha.

Ya desde la década del cincuenta, el tema de las obras sociales en manos de los sindicatos se constituyó en un formidable dispositivo de poder burocrático. La justicia de una reivindicación social se transformaba, a través de la manipulación gremial, en una caja fuerte que los caciques sindicales podían disponer a su antojo.

Fueron los gobiernos militares los que apuntalaron esta tendencia y, a partir de ese momento, cualquier gobierno que intentara poner límites a estos desmesurados privilegios debía afrontar los "planes de lucha" de quienes invocando el interés de los trabajadores, en realidad defendían -y defienden- su propio interés y el de sus bolsillos.

Las relaciones corporativas entre el poder político y el sindical no son algo nuevo en la historia de las últimas décadas. Mucho menos en la ciudad de Buenos Aires, donde los acuerdos entre dirigentes suelen girar alrededor del reparto de empleos. La planta municipal de Capital Federal está desbordada de personal y un alto porcentaje de esos empleados cobra un sueldo como consecuencia de alguna recompensa por servicios prestados a punteros o caudillos de las sucesivas administraciones.

Lo cierto es que hoy la ciudad de Buenos Aires está sometida a los planes de lucha de quienes representan a minorías, pero que valiéndose de las libertades del sistema democrático están dispuestos a paralizar la ciudad con sus desmanes. El apoyo de los Moyano a estas protestas debe interpretarse, a su vez, como un aval de la CGT, pero también como un movimiento en su tablero interno para dirimir posiciones con jefes opositores.

Respecto de las obras sociales, la gran mayoría de los trabajadores y los gremios más democráticos están de acuerdo con la intervención. La corruptela dominante es vergonzosa, como también lo es la disposición legal de mantener cautivos a los trabajadores en una obra social sin calidad en sus prestaciones.

Los burócratas sindicales especulan que con la paralización de actividades y la negativa a prestar servicios, en poco tiempo los vecinos de Buenos Aires comenzarán a manifestar su mal humor contra el gobierno. Es probable que esta especulación tenga algunos fundamentos, pero no hay que subestimar a vecinos que votaron masivamente por un cambio.