Una de las primeras medidas de gobierno que anunció la nueva administración municipal fue la declaración de la emergencia hídrica, fundada en la vulnerabilidad de la ciudad. Un concepto, este último, comprendido por expertos, asumido por funcionarios e instalado definitivamente en la opinión pública luego de la trágica inundación de 2003 y de los serios anegamientos que produjeron las lluvias del pasado marzo.
Sin embargo, más allá de estas situaciones extremas que dejaron como saldo la pérdida de vidas humanas y bienes materiales, es imposible desconocer que la capital provincial y sus pobladores soportan inconvenientes de gravedad cada vez que se producen registros importantes de precipitaciones. Barrios cubiertos por agua, viviendas afectadas, dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas sintetizan los padecimientos de vecinos y vecinas de distintas zonas de la ciudad cada vez que llueve.
A las consecuencias materiales que tales fenómenos ocasionan, se suma una permanente zozobra de quienes viven en las zonas de mayor vulnerabilidad: una simple recorrida por los barrios del oeste -que quedaron dos veces bajo agua en menos de cuatro años-, alcanza para percibir el temor porque se repita una situación similar, y el reclamo común por medidas certeras que eviten nuevos anegamientos o, al menos, minimicen los daños.
Al respecto, el objetivo de la mencionada decisión oficial, que recibió el aval del Concejo Municipal en la última sesión del año, es lograr que la ciudad se encuentre en mejores condiciones que las actuales para soportar precipitaciones de mediana y alta intensidad. Y la inquietud no es exagerada, a la luz de los informes elaborados por organismos científicos que advierten sobre el cambio que se observa en el régimen de lluvias para la zona litoral.
Para afrontar esta realidad es que se prevé -entre otros puntos- poner en marcha un plan de contingencia que permita mitigar riesgos, un sistema de limpieza de desagües y reservorios para facilitar el escurrimiento del agua, y la optimización del sistema de bombeo, con la compra de nuevos equipos y el alquiler de otros más, que mejoren la capacidad de expulsión del agua que discurre y se acumula en el borde de la ciudad cada vez que llueve.
De esta manera las autoridades pretenden anticiparse a las consecuencias que podrían derivar de las lluvias habituales para el otoño y, a la vez, mejorar las condiciones de escurrimiento y bombeo en forma permanente.
En una ciudad rodeada por dos importantes cursos de agua, condicionada además por un régimen de lluvias que en las últimas décadas registra grandes volúmenes de agua precipitados en poco tiempo, no caben improvisaciones. Menos aún cuando se tiene en cuenta el tremendo impacto humano y económico que provocaron los ya citados fenómenos hídricos.
El conocimiento, por parte de la comunidad, del riesgo que supone nuestra ubicación geográfica es fundamental, como también lo es la adopción de medidas que mitiguen ese riesgo, otorguen mayor previsibilidad a la vida cotidiana y eviten que el agua vuelva a asociase con la tragedia.
