La reforma del sector del vino europeo aprobada por los 27 miembros de la Unión Europea cierra una era de su Política Agrícola Común (PAC), adecuada finalmente a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y capaz de enfrentar la competencia externa.

En junio de 2007, los ministros de Agricultura de la UE habían adoptado la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del sector de las frutas y hortalizas, la otra gran área que permanecía al margen de la revisión de la PAC.

El ciclo había sido lanzado en junio de 2003 en Luxemburgo, cuando los por entonces 15 miembros de la UE (ampliada a 27 actualmente) habían acordado revisar las modalidades de financiamiento de sus producciones agrícolas (productos lácteos, tabaco, el aceite de oliva, azúcar, algodón, lácteos, bananas, cereales, vino, frutas y hortalizas, forrajes, etc).

El principio general de todas estas reformas es comenzar a entregar el mayor porcentaje de las ayudas según un monto previamente acordado, de acuerdo con el número de hectáreas de tierra cultivadas, y ya no en función del volumen de producción.

Este sistema busca incitar a los agricultores a orientarse hacia los cultivos más rentables sin reducir los presupuestos destinados al sector, volcados a otras cuestiones, como el desarrollo rural, la promoción y el desarrollo sustentable.

En el caso del vino, como en muchos otros, el resultado alcanzado es una suerte de equilibrio entre las ambiciones de la Comisión Europea (que efectúa la propuesta inicial) de liberalizar el mercado y las reticencias de los países productores a abandonar el tradicional sistema en vigencia, que protege, a veces en forma casi abusiva, a los agricultores.

En ese marco, si por un lado se mantienen los principales aspectos de la propuesta de Bruselas (arranque de viñedos, liberalización de derechos de plantación, final del sistema de destilación de crisis), por otro se incluyen importantes concesiones tanto financieras como de períodos de transición.

"No hemos obtenido todo lo que deseábamos, pero aún así hemos conseguido un acuerdo equilibrado", admitió en ese sentido la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, al referirse a las dificultades enfrentadas para negociar con los tres grandes productores (Francia, Italia y España).

Con el vino hubo consenso, pero en otros casos, como el del algodón, cuya reforma se hizo en 2004, las negociaciones terminaron en guerra judicial.

España, segundo productor europeo, se había opuesto ferozmente al acuerdo y por ello había recurrido a la Corte Europea de Justicia (CEJ) para exigir su anulación.

Y aunque la CEJ dio en parte la razón a la demanda española en un fallo en setiembre pasado, la Comisión Europea volvió a poner sobre la mesa en noviembre su reforma original, al considerar que la justicia no invalidada el principio de la misma sino cuestiones secundarias, lo que promete nuevas disputas.

Todas estas reformas por sector no están vinculadas con otro debate que acaba de comenzar: la segunda "modernización" de la PAC mediante una serie de propuestas que busca aprovechar la coyuntura de altos precios mundiales de materias primas alimentarias y recortar ayudas a los grandes productores europeos.

La supresión progresiva de las cuotas de producción de leche, la interrupción del plan de abandono de cultivos, el cese de los precios garantizados para los cereales y un recorte de las ayudas individuales más elevadas son las principales iniciativas presentadas en noviembre por la Comisión Europea.

Estas propuestas deberían transformarse en una serie de proyectos legislativos en el año que acaba de comenzar, con el objetivo final de una adopción hacia fines de año, cuando Francia, primera potencia agrícola europea y gran beneficiaria de la PAC, ejerza la presidencia rotativa del bloque.