La presencia de las organizaciones intermedias en el entramado de la actividad pública se ha convertido en un elemento ineludible a la hora de analizar el curso de los acontecimientos y en un punto de referencia permanente para evaluar el impacto social de medidas oficiales o la carencia de ellas.

El trabajo persistente de personas comprometidas con las necesidades generales o de un sector en particular, y consecuente con una vocación participativa, fue abonando el desarrollo de estas entidades y garantizándoles un espacio de creciente significación.

Los avatares de la crisis económica, política e institucional de 2001, como punto culminante de un sostenido proceso de deterioro de los poderes establecidos, y la traumática etapa de transición hacia la "reconstrucción", potenciaron la participación de agrupaciones más o menos informales, pero que adquirieron un nivel de representatividad perdido por la estructura estatal y partidaria.

La intervención más o menos espontánea y más o menos organizada de la comunidad, por dentro y por fuera de estas organizaciones, constituyó un fenómeno estudiado por expertos internacionales y también se pretendió que fuera el germen de una suerte de "refundación" del país, que no llegó a ser tal; como tampoco lo fue el derrumbe total de las instituciones formales.

Aun así, la conjunción de todo ese período de asentamiento previo, la pérdida de credibilidad del sector político, el desarrollo de una conciencia de mayor participación -aunque más no fuera a los efectos de reclamar sin intermediarios por intereses propios- y el descubrimiento de esa vía alternativa para incidir sobre el espacio público, dibujó un panorama de complejos matices e interesantes perspectivas.

Por un lado, es dable observar la proliferación indiscriminada de ejemplos de estos nuevos actores sociales, que en muchos casos no tienen la debida legitimidad real -más allá de lo formal- de representación que invocan, y cuyo accionar no siempre se ajusta a lo establecido o esperable en orden a sus propósitos declarados. Así, la puja de intereses que en determinado punto debe cuajar en el consenso, entendiendo por tal un estado en el que muchas veces cada sector cede en atención a un bien mayor o general, se canaliza por caminos de escasa racionalidad o se agota en la presión prepotente en pos de un beneficio acotado y absolutamente selectivo.

Por otra parte, el Estado todavía adeuda la instrumentación de mecanismos apropiados para la genuina participación, que permitan el acceso de la comunidad a las decisiones públicas, pero que a la vez operen como un necesario tamiz ante la pululación desenfrenada.

El desafío que afronta el sector público es recuperar el crédito de la comunidad, pero a la vez tener la disposición y la solvencia para darle cabida mediante institutos e instancias que coadyuven al fortalecimiento de la democracia a través de su mejora cualitativa. Todo eso, sin ceder a las tentaciones del paternalismo o el autismo, pero tampoco de la permisiva desidia, que bajo una pretendida tolerancia ampara la paralización social, aplastada por exceso.