En 1991 entrevisté a Javier Calderón, algo así como un canciller de las Farc que entonces andaba por la Argentina, recorría los medios de comunicación y se reunía con diferentes políticos burgueses entre los que cabe mencionar a Raúl Alfonsín. Como correspondía a su investidura, Calderón era un hombre culto, amable, de buenos modales, que hablaba con suavidad y cuidando sus palabras.

Básicamente, estaba interesado en ganar aliados para las Farc. Describía con precisión la situación social y política de Colombia, se refería a la corrupción del ejército, las acciones criminales de las bandas parapoliciales, los asesinatos cometidos por los sicarios del narcotráfico y la impotencia, cuando no la complicidad, de los partidos tradicionales con ese estado de cosas.

Frente a ese infierno de corrupción, crímenes e ineficiencia se levantaban orgullosas, justicieras y rebeldes las Farc, una guerrilla que proponía poner punto final a esa realidad bochornosa a través de la acción armada como único camino para liberar a Colombia de sus explotadores internos y externos. Calderón estimaba que las Farc, entonces, controlaban alrededor del 30 por ciento del territorio colombiano, que la extensión que dominaban era el doble de Dinamarca y que en las tierras liberadas, los hombres y las mujeres también estaban liberados.

Calderón se expresaba con la claridad y la sutileza de un diplomático. Los terroristas no eran ellos, eran los narcos, los parapoliciales, el ejército dominado por Estados Unidos. La responsabilidad del hambre y la violencia en Colombia la tenían las tradicionales clases dominantes. Para terminar con esa situación de injusticia, las Farc proponían un acuerdo político con el gobierno en donde se aseguraran libertades para todos y en ese contexto decidir democráticamente, supuestamente a través de las urnas, qué es lo que quería el pueblo de Colombia.

En ese tramo de la entrevista, le pregunté sobre la imputación que le hacía el gobierno de Colombia de estar financiados por el narcotráfico. Por supuesto que lo negó terminantemente. Hoy, si tuviera la oportunidad de entrevistarlo le preguntaría lo mismo, pero no sé si podría negarlo con tanta elocuencia. Conociendo el paño, creo que mentiría, como de alguna manera ya lo hacía en 1991.

La otra pregunta que le hice en esa entrevista fue si el acuerdo político para democratizar Colombia incluía el desarme de la guerrilla. Me dijo que no y me dio buenos argumentos, por lo menos entonces lo parecían: la única garantía de democratización es el ejército popular. Recordó que cuando en 1984 se desarmaron y participaron en elecciones propiciadas por el régimen, los parapoliciales y los narcos les mataron más de cuatro mil candidatos.

Su reclamo para que el gobierno aceptara negociar de igual a igual con ellos me pareció un recurso propagandístico. Las Farc no creían en esa salida democrática, pero consideraban que era astuto plantearla para que ante la negativa del gobierno, la opinión pública supiera que eran las Farc las que querían la paz y eran los gobiernos burgueses los que se oponían.

Así planteada, la estrategia de la guerrilla era impecable. Ellos no eran los responsables de la violencia, la irracionalidad y envilecimiento de las clases dominantes los habían obligado a tomar las armas para defender al pueblo. Según Calderón, la estrategia militar estaba subordinada a los objetivos políticos liberadores. Las Farc se proponían como tarea cotidiana organizar a los campesinos alrededor de sus reivindicaciones económicas y políticas. No hacía falta ser un experto en teoría política para deducir que su estrategia apuntaba a constituir órganos de doble poder tomando como ejemplo la experiencia china, vietnamita y cubana.

Así concebido, el ejército popular era una herramienta del partido revolucionario. La decisión de militarizar el proceso no había sido caprichosa ni el producto de un acto desesperado. La guerrilla en Colombia tenía entonces más de cuarenta años de antigüedad. De alguna manera era la tradición nacional más genuina de un país que desde el asesinato de Gaitán, en 1948, supo de acciones armadas no sólo protagonizadas por los grupos de izquierda, sino también por liberales y cristianos radicalizados como Camilo Torres, el cura que dejó la sotana y tomó el fusil, como dice la canción.

En 1990 había caído la URSS, por lo que la consigna de relaciones solidarias con los países socialistas había perdido actualidad. En reemplazo de aquella consigna se planteaban relaciones pacíficas con todas las naciones democráticas. Lenin, en 1917, había propuesto algo parecido, sin por eso renunciar a la revolución mundial.

La revolución de las Farc se definía democrática. Como revolucionarios, sólo estaban preocupados por mejorar la calidad de vida de la población. A los países vecinos, lo único que le reclamaban era no interferir en los asuntos internos. Para muchos de los periodistas y políticos de entonces, las Farc realizarían en Colombia el proceso de democratización que en la década del ochenta se había iniciado en América Latina.

Que esta tarea en Colombia se concretase a través de una guerrilla, era una consecuencia de la incapacidad de los anacrónicos partidos tradicionales para dar una salida electoral. En definitiva, lo que no podían hacer los partidos burgueses lo harían las Farc. Un leninista ortodoxo diría que agotada la capacidad histórica de la burguesía para promover cambios democráticos, el proletariado revolucionario se haría cargo de esas tareas democráticas añadiendo a su agenda la lucha por el socialismo.

Por supuesto que al principio de la entrevista, Calderón no expresaba sus opiniones con tanta claridad, pero luego se fue animando, entre otras cosas, porque la entrevista se hizo más picante. Fue así como admitió que sus propuestas de paz eran sinceras pero mucho más sinceras eran sus convicciones de luchar por un poder revolucionario.

�La paz es un punto de llegada o es apenas una tregua para acumular fuerzas? pregunté. No me contestó en el acto. Teorizó sobre la necesidad de la paz, pero concluyó reconociendo que sólo habrá paz en Colombia cuando termine la explotación del hombre por el hombre. -Es decir, cuando ustedes tomen el poder. le dije. No me contestó con la boca, pero sí con los ojos.

Calderón volvió a reiterar el conocido lugar común de la izquierda: el programa mínimo y el programa máximo. El mínimo, para realizarlo con el apoyo de la pequeña burguesía; el máximo, para concretar el poder revolucionario que -como todo poder revolucionario- tiene su traducción política en la dictadura. Ya en este punto las divergencias con el canciller se hicieron más ruidosas. En honor a la verdad, el hombre nunca perdió la línea, nunca abandonó sus buenos modales, pero sus palabras empezaron a ser más descarnadas, como si cansado de simular se decidiera a decir la verdad de la manera más suave posible.

Para ser sincero, debo decir que las afirmaciones de Calderón no me sorprendieron. Cuando le pregunté sobre el destino de los opositores en ese poder revolucionario, me respondió diciendo que dispondrían de todas las libertades del caso, siempre y cuando aceptaran la nueva legalidad. La libertad de prensa también estaría asegurada, siempre y cuando (ésa era la palabra que usaba) fueran veraces y contribuyeran a educar al pueblo revolucionario.

"Si el poder es nuestro, nosotros imponemos la legalidad", y agregó: "Si antes la burguesía ejercía su dictadura para una minoría, con nosotros la dictadura será ejercida contra esa minoría y a favor de las grandes mayorías". Le dije que ese discurso ya lo conocía y que no era diferente al que planteaba Lenin, Stalin o Mao. Sonrió y se encogió de hombros. La entrevista había llegado a su fin.