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Corresponsalía Rosario Con un gran despliegue, dispuesto por la Tropa de Operaciones Especiales, estaba previsto que comenzara cerca del mediodía la rueda de reconocimiento que iban a mantener los turistas (un español y otro argentino) con los ocho policías que pertenecen al destacamento de la Patrulla de Caminos de General Lagos, donde Santiago Mercatante y su primo Juan Belmont López fueron extorsionados por efectivos policiales, según denunciaron.
La causa está a cargo de la jueza de Instrucción N� 6 Raquel Cosgaya, quien después del trámite judicial que estaba previsto que se concrete hoy, debe avanzar sobre la responsabilidad de los efectivos en un hecho que no tiene muchos precedentes en la provincia. La rueda de reconocimiento se iba a realizar en el subsuelo de los Tribunales rosarinos y la magistrada tenía en la mira a cuatro efectivos.
El viernes pasado se abrió un nuevo capítulo en la espesa trama que trascendió el 11 de enero pasado, luego de que el canciller del Consulado General de España en Rosario, Gerardo Hernández, denunciara haber recibido una amenaza a su teléfono celular, donde una voz anónima lo trató de "buchón" y le dijo que podría terminar "tirado en una zanja".
Hernández fue quien asesoró y remitió a la Justicia a los dos turistas que denunciaron la extorsión en el peaje de General Lagos. El diplomático radicó el fin de semana la denuncia por amenazas en el juzgado a cargo de Cosgaya, quien tras reunirse con el jefe de Policía de la provincia, Daniel Cáceres, dispuso una custodia permanente para el diplomático, a cargo de la TOE.
Incluso, luego de que trascendiera este hecho, el fiscal de Cámaras José María Peña le dio instrucciones al fiscal que interviene en la causa por extorsión, Esteban Franichevich, para que cite a ampliar la declaración indagatoria a los ocho efectivos acusados. José María Peña llegó a advertir que por la gravedad del caso "habría que relevar a la cúpula policial de Rosario.
En una entrevista con el diario La Capital, los dos turistas señalaron que recuerdan "muy bien" el rostro de los efectivos que le hicieron vivir un calvario durante más de cuatro horas.
Mercatante y Belmont López arribaron a Rosario el viernes 11 de enero pasado. Según denunciaron, al cruzar el peaje los detuvieron para una inspección de rutina un grupo de efectivos de la Patrulla de Caminos, quienes les pidieron dinero a cambio de no abrirles una causa judicial.
Los turistas les entregaron 950 pesos y casi todas sus pertenencias. Sin embargo, los policías no quedaron conformes. Y les exigieron más dinero, por lo que el ciudadano pidió plata a España a través de Western Union, por lo que obtuvo 850 euros, que fueron a parar a los bolsillos de los uniformados.
Ante la desesperación y la bronca de haber sido extorsionados, los turistas se dirigieron al consulado español para denunciar el hecho.
Tras atenderlos, Hernández se comunicó con la fiscal Cristina Rubiolo, ante quien los turistas finalmente denunciaron lo ocurrido, en compañía de un empleado del consulado.
El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Daniel Cuenca, manifestó en el día de hoy su más enérgico repudio en relación a la amenaza que sufriera el canciller del Consulado General de España en Rosario, Gerardo Hernández, al mismo tiempo que ratificó que existen la voluntad y la decisión política por parte del gobierno santafesino de contribuir con el esclarecimiento de este hecho.
Cuenca, quien el pasado lunes se comunicó con el cónsul de España -después de que Hernández interviniera en el caso de la denuncia formulada por el turista español contra agentes de la Patrulla de Caminos de la provincia por extorsión y privación de la libertad- afirmó que "de manera inmediata, una vez que nos informaron del llamado intimidatorio que sufrió el canciller, mantuvimos contacto con la jueza que interviene en la causa, la Dra. Raquel Cosgaya y pusimos a disposición todos los recursos a favor del pronto esclarecimiento de este repudiable hecho".
Entre las medidas que tomó el gobierno provincial en relación a este hecho, cabe destacar que el Ministro de Seguridad instruyó al propio jefe de Policía de la provincia, Daniel Cáceres, para que tome contacto con el diplomático, decisión que fue ejecutada de inmediato.