El informe dado a conocer por un matutino porteño acerca del patrimonio de la familia Kirchner sorprendió a oficialistas y opositores. Si bien en su momento la declaración jurada de bienes de Néstor Kirchner lo ubicaba entre los presidentes más ricos de la Argentina del s. XX, la casi triplicación de su fortuna en el término de cuatro años resulta asombrosa y, por supuesto, genera previsibles suspicacias.
La bonanza económica del país, que ha permitido mejorar la calidad de vida de amplias franjas de la clase media, resulta un contexto histórico interesante para explicar la riqueza de algunos. De todos modos, no deja de llamar a atención que la máxima autoridad política del país sea una de las grandes beneficiarias de este proceso económico.
Está claro que esta acumulación de riqueza de los Kirchner no se obtuvo del ahorro de sus sueldos. Los observadores señalan que los negocios inmobiliarios que la familia mantiene activos en la provincia de Santa Cruz explican en parte el crecimiento geométrico de la riqueza. La explicación es razonable, pero los entendidos en el tema aseguran que ninguna empresa inmobiliaria, ni siquiera la más próspera de Buenos Aires, puede exhibir una tasa de acumulación tan alta.
Tan asombrosa como la riqueza de los Kirchner resulta la de sus principales colaboradores, algunos de ellos titulares de negocios cuya rentabilidad les ha permitido acumular fortunas impresionantes. Desde un secretario a un chofer privado, todos han logrado en muy poco tiempo enriquecerse en grado que no es explicable mediante la capacidad de ahorro o la perspicacia empresarial.
Si se descarta la alternativa del ahorro o del trabajo riguroso como camino para hacer fortunas, la única alternativa legítima que queda en pie para explicar este misterio es la de la especulación financiera. Según los expertos, sólo por ese camino y disponiendo de muy buena información y contactos, es factible acrecentar la riqueza a esa velocidad.
Al respecto, y si esta hipótesis se verificara, no dejaría de llamar la atención que la fortuna de esta familia del poder se hubiera construido sobre la base de colocaciones que sus titulares cuestionan en los discursos. Cabe recordar que uno de los caballitos de batalla del actual gobierno es su supuesta lucha contra la patria financiera.
Especulaciones al margen, admitamos que el enriquecimiento de los titulares del poder genera, por su dimensión, justificadas sospechas. No se trata de exigirles a los gobernantes una profesión de fe más apta para monjes de clausura que para políticos modernos, pero tampoco se puede aceptar que nadie pregunte y que se convalide con el silencio una situación dudosa.
Precisamente, la figura del enriquecimiento ilícito, sancionada durante el gobierno de aquel presidente ejemplar que fue Arturo Illia, es el instrumento legal del que dispone la república para indagar sobre estas cuestiones, habida cuenta de que parece pertenecer a un pasado remoto el tiempo en que los gobernantes se empobrecían en el poder.
