El diálogo para zanjar la crisis política en Bolivia, instalado por el presidente Evo Morales y nueve regiones, seis de ellas opositoras, no va por buen camino, según afirmó ayer a la prensa de ese país el influyente prefecto de Santa Cruz (este), Rubén Costas.
El gobierno y las prefecturas (gobernaciones) han entablado conversaciones desde hace dos semanas para discutir temas que han polarizado al país, como la nueva Constitución de corte estatista e indígena, los gobiernos autónomos de tendencia liberal y el recorte de gastos a los departamentos.
"No es correcto que se siga engañando al pueblo y es mejor que el gobierno sea claro y diga que quiere imponer su Constitución", afirmó Costas al matutino El Deber, de Santa Cruz, al asegurar que el poder Ejecutivo sigue promocionando la nueva Constitución, resistida y desconocida por prefectos de seis departamentos.
Los gobernadores de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando (norte), Cochabamba (centro), La Paz (oeste) y Tarija (sur) señalan que la nueva ley fundamental será inaplicable, por aprobarse en la Asamblea Constituyente sin debate ni consenso.
El diálogo entre el presidente y los prefectos se desdobló en mesas técnicas de trabajo, aunque las conversaciones aún son lentas y sin arrojar hasta ahora acuerdos.
Las regiones rebeldes consideran que un acuerdo previo para redistribuir fondos públicos a fin de pagar una pensión a los ancianos es el paso previo para negociar la compatibilización de artículos contrapuestos de estatutos autonómicos y la nueva Carta Magna.
