El juez federal Norberto Oyarbide requirió informes a la Cancillería para corroborar identidades y la condición laboral actual de diplomáticos con altos cargos de distintos países que importaron autos con franquicia, aunque por el momento no ordenará el secuestro de las unidades.

El magistrado solicitó además al Registro Nacional Automotor que informe las identidades de los actuales propietarios de los 98 vehículos investigados y de apoderados locales que pudieron tramitar la nacionalización de los mismos entre 2004 y 2007.

Sin embargo, Oyarbide rechazó "por el momento" ordenar el secuestro de los automotores, como había pedido el fiscal federal Luis Comparatore, informaron a Télam fuentes del juzgado.

Esta medida quedará sujeta a los datos obtenidos en los pedidos de informes que fueron cursados de manera "urgente".

Esto es así porque el juez busca dilucidar antes si los diplomáticos involucrados con rangos superiores a cónsul siguen en funciones, ya que en ese caso la causa podría ser competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia.

En total, en el requerimiento fiscal se menciona a 14 embajadores, además de cónsules, agregados militares, jefes de misión y administrativos de distintos países.

Las medidas ordenadas por Oyarbide son similares a las dispuestas el miércoles por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien tramita una denuncia por "contrabando agravado" presentada por la Aduana, a raíz de los mismos hechos.

Oyarbide pidió a su colega intercambiar informes y eventualmente determinar si hay un conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones.

El juez federal resolvió sorpresivamente ayer interrumpir una licencia que tenía programada hasta marzo para reincorporarse al juzgado y encargarse en persona del caso, al menos hasta febrero, cuando tiene planificado un viaje a Córdoba.

Así tomó el lugar de la jueza federal María Servini de Cubría, quien la reemplazaba en el caso y había dado vista al fiscal Luis Comparatore.

Este funcionario federal emitió un extenso dictamen donde pidió las medidas ordenadas poco después por Oyarbide, quien hizo lugar a todo salvo al secuestro de los autos.

En caso de corresponder, el juez pidió "información sobre el cese en sus funciones con indicación de la fecha", además del envío de todos los acuerdos existentes sobre reciprocidad y franquicias, en base al planteo fiscal.

También solicitó los legajos de cada auto ingresado con franquicia diplomática entre 2004 y 2007 a la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, junto a los datos de apoderados o autorizados para tramitar su nacionalización.

En la causa, resultarían imputadas "autoridades de la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en funciones durante 2004 a 2007 como así también cómplices, partícipes o encubridores", remarcó el fiscal en el dictamen.

La investigación judicial comenzó por una auditoría interna de Cancillería donde se descubrieron irregularidades en el uso del beneficio de exención de impuestos para autos franquiciados a diplomáticos extranjeros.