La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) rechazó enfáticamente el proyecto de creación de los comités de seguridad laboral, propuesto por el gobierno de Hermes Binner, al que calificó de "irrazonable" e "inconstitucional", y expresó su "oposición total" al tratamiento del proyecto.

"Propiciamos y alentamos firmemente el mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el ámbito laboral y, por ende, el resguardo de la seguridad y salud de los trabajadores, como lo venimos haciendo juntamente con el sector desde hace muchos años. Pero creemos que no es a través de este proyecto de ley que se van a lograr los objetivos supra mencionados", dicen en un comunicado de prensa.

"Es irrazonable establecer en forma obligatoria un modelo de cogestión sindical en la materia, pues la responsabilidad organizacional, patrimonial y jurídica es del empresario. Por ende, los comités mixtos -cuya constitución avalamos- sólo pueden ser el resultado de la negociación colectiva y no de la imposición legal", explican.

Para los industriales, el proyecto resulta "palmariamente inconstitucional, atento a la pretensión de asunción de la provincia de materias expresamente delegadas al gobierno federal. El poder de legislar en materia de Derecho Privado es exclusivo del Congreso, y no puede ser compartido en su ejercicio por las autoridades provinciales".

La entidad sostiene que "dicho proyecto es violatorio y contradictorio de sistemas normativos vigentes en nuestro país, tales como las leyes 19.587, de Higiene y Seguridad y sus decretos reglamentarios; 20.744, de Contratos de Trabajo; 23.551, de Asociaciones Sindicales; 24.557, de Riesgos del Trabajo y normas complementarias; 25.212, del Pacto Federal del Trabajo, y 25.877, de Negociaciones Colectivas, entre otras".

Finalmente, la Federación que agrupa a los industriales de la provincia recuerda que, en el orden internacional, "contradice lo dispuesto por el Convenio N° 144 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país, y que predispone un régimen de consultas tripartitas previas para la aplicación de normas internacionales del trabajo; sin perjuicio de que los fundamentos esgrimidos en los considerandos del proyecto de ley refieren a convenios de dicho organismo, que no fueron ratificados por nuestro país y, por ende, no integra el sistema legal argentino".