De la redacción de El Litoral
El proyecto oficial de despenalización del consumo de drogas fue recibido hoy con críticas de varios especialistas y con un sugestivo silencio de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). El titular de ese organismo público, José Ramón Granero, continuaba en Viena, Austria, en la misma reunión de la ONU en la que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, presentó la propuesta argentina de modificar la Ley de Drogas vigente.
Voceros de la Sedronar aclararon que el secretario evitará hablar sobre la propuesta que hoy fue explicada y aclarada por Fernández, hasta su regreso, y se abstuvieron de dar una posición sobre la iniciativa del ministro. La relación entre ambos funcionarios nunca logró ser del todo armoniosa, debido a la dura pulseada que ambos mantuvieron sobre el control de las políticas vinculadas con la lucha contra las drogas y la asistencia a los adictos, dos funciones que concentraba en principio la Sedronar.
Junto al sugestivo silencio de Granero, dos reconocidos especialistas consultados por DyN tuvieron reparos más o menos profundos a la intención de Aníbal Fernández de ablandar los controles represivos sobre los consumidores.
El ex titular de la Secretaría de Drogas y redactor de la actual ley vigente, Lorenzo Cortese, advirtió que "sería un error conceptual tremendo considerar que la sola modificación de la norma va a resolver las cosas". "Este mismo gobierno le quitó atribuciones y recursos a las tareas de prevención que tenía la Sedronar. Los recursos asignados son escasos y esas decisiones se tomaron mientras se produjo una profundización de consumo y un crecimiento del narcotráfico que es alarmante", consideró Cortese.
"Nadie es dueño de la verdad y tal vez sea hora de modificar la ley, porque los patrones de consumo y de narcotráfico cambiaron", consideró Cortese, aunque aclaró que la normativa actual "no quiere condenar a los consumidores, sino que hizo un equilibrio entre la represión y la atención sanitaria del adicto".
Por último, el titular de la Asociación Antidrogas, Claudio Izaguirre, también consideró que "despenalizar la tenencia en el contexto nacional es una locura, más en este momento de crecimiento del consumo y el tráfico".
"No tenemos campañas preventivas por falta de inversión y la asistencia es carísima. La comunidad terapéutica para un adicto cuesta 1.500 pesos por mes y tiene una duración promedio de un año. En Capital Federal no se está tan mal, pero la gente del interior no tiene nada, no hay asistencia gratuita y lo que se produce en la práctica es un genocidio", advirtió. "Aníbal Fernández fue a mentir, porque si la intención del gobierno era despenalizar el consumo eso ya está en la ley vigente. Lo está haciendo ahora es despenalizar la tenencia de drogas y así deja en libertad de acción al vendedor minorista", concluyó Izaguirre.
La Iglesia Católica dejó trascender hoy "preocupación" y "alarma" por la iniciativa del gobierno nacional de revisar la legislación antinarcóticos vigente en el país, para avanzar en una eventual despenalización del consumo de drogas. "Es un despropósito y realmente alarma que se piense de este modo. Siempre vamos a contramano del mundo, donde en lugar de tolerar las drogas, se pone mayor énfasis en el tratamiento de los consumidores y en la captura de traficantes y productores", dijo a DyN un sacerdote vinculado a la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
La opinión del religioso contrasta con la posición del ministro de Justicia, quien ayer en Viena anticipó durante una sesión de Naciones Unidas que el gobierno argentino va a "revisar" las normas vigentes a fin de "terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud".
El sacerdote aseguró a esta agencia que la posición de la Iglesia es "bien clara" y recordó que en noviembre pasado el Episcopado difundió la carta pastoral: "La droga, sinónimo de muerte", en la que condenó el "narco-negocio" y advirtió sobre "un complot para el exterminio" de los jóvenes.
La fuente eclesiástica, vinculada a la comisión que preside el obispo Jorge Casaretto (San Isidro), subrayó además que el Vaticano consideró "pecado social grave" tanto el consumo como el tráfico con drogas, por considerar -según consignó hoy el diario L'Osservatore Romano- que "debilitan la psique y oscurecen la inteligencia de los jóvenes".
Inclusive el propio prelado sanisidrense alertó hace dos semana en Rosario, durante una conferencia junto al gobernador santafesino Hermes Binner, que "la droga será el problema más grave dentro de unos años", si no se proponen acciones concretas para su prevención.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, afirmó hoy que "hay una parte de la Argentina que hipócritamente sigue mirando para el costado" la problemática vinculada con el flagelo de la droga, y ratificó que seguirá "adelante" con su propuesta para dejar de criminalizar al consumidor de estupefacientes.
Un día después de haber aclarado que "no va a haber nunca droga libre en Buenos Aires", y de negar haber planteado ante un foro de las Naciones Unidas que el gobierno impulse despenalizar el consumo de drogas, Fernández enfatizó que la ley 23.737, del año 1989, "fue un fracaso y la muestra está en que no ha resuelto absolutamente nada".
"Voy a seguir adelante con la propuesta, que una parte muy chiquita de la Argentina se niega o hipócritamente sigue mirando para el costado sosteniendo que esta ley (la 23.737) fue eficaz. El resultado está en la calle", sostuvo, en diálogo con radio América.
Fernández señaló: "No tengo temor en hablar de la despenalización de la tenencia para consumo. Escuché en distintas radios que se había hecho un punto sobre cómo se despenaliza la droga, como si esto fuera droga libre, y no es el objetivo ni lo que dije en Viena, donde tratamos, aparte de temas específicos, las políticas que proponemos (...). Lo que estamos diciendo es que si bien los Tratados que dieron origen a la legislación argentina son del '71, '72 y del '78, en '89 se tomó literalmente la convención de 1988. Lo que se consiguió, a partir de las políticas neoliberales, es la desaparición del estado de libertad y parangonar al adicto, que es una víctima, con el que trafica, que tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley (...). Esa ley (23.737) fue un fracaso, y la muestra está en que no ha resuelto absolutamente nada", insistió el funcionario.
El titular del Ministerio de Justicia dijo que desde la cartera se buscará "definir una fuerte política de reducción de daños. Que el Estado, en vez de despilfarrar las fortunas en detenciones y en causas que no llegan a condena nunca, se aplique a políticas de reducción de daños".
Fernández recordó que "el 70 por ciento de las causas que hay en la Justicia Federal, es por drogas, y de ese 70 por ciento, el cuatro por ciento, es decir, el 2,8 de la totalidad, tiene condena".