La popularidad de este gobierno no proviene de su discurso ideológico o de su identidad peronista, sino de la estabilidad de la economía. La pregunta a hacerse, entonces, es qué puede ocurrir cuando los fundamentos de esa estabilidad empiezan a resquebrajarse o a dar señales de agotamiento.
En esta semana han adquirido centralidad política temas tales como la persistente inflación y el incipiente desabastecimiento de productos de consumo popular tales como combustibles, lácteos, aceites y, tal vez, carnes. El poder político atribuye a la usina de rumores opositores esta información, pero una simple recorrida por los supermercados o las estaciones de servicio alcanza para refutar la opinión de los operadores oficiales.
Un gobierno con superávit fiscal, un apreciable nivel de reservas y un crecimiento económico sostenido del ocho por ciento anual no debería tener estos problemas de carencia, propios de las economías recesivas o estancadas. El argumento de que se padece una crisis de crecimiento no es creíble; tampoco es serio. Los países que crecen con sólidos fundamentos económicos no atraviesan estas situaciones.
Por lo general, cuando se crece de manera sostenida, las consecuencias se manifiestan en señales visibles de prosperidad para toda la sociedad. Para que ello sea factible, es necesaria -en primer lugar- una adecuada relación entre Estado y economía. El desarrollo en serio depende de esa ecuación, un dato que el gobierno actual pareciera no tener en cuenta, sobre todo cuando insiste en que el Estado intervenga en la economía más allá de su rol de garante de una competencia real y efectiva.
Un gobierno que funciona no confunde la realidad con las apariencias. En los papeles se pueden imponer determinados precios, pero ello no quiere decir que éstos expresen la lógica real de la economía. Para los funcionarios, los números del Indec se parecen a una palabra santa, pero la más modesta ama de casa sabe que esos números poco tienen que ver con su realidad cotidiana.
La Argentina registra aleccionadoras experiencias respecto de la excesiva intromisión del Estado en el terreno económico. Los beneficios inmediatos que este tipo de recurso político puede producir duran poco y, más temprano que tarde, el gobierno y la sociedad empiezan a pagar los costos de artificios que desvirtúan la economía en aras de formas prebendarias del capitalismo, que suelen asociarse a los regímenes populistas.
Las crispaciones crecientes de la realidad deben preocupar al oficialismo. Quizá por eso, en estos días, Néstor Kirchner mantuvo reuniones con el ministro Lousteau en sus oficinas de Puerto Madero. Conociendo la autosuficiencia del ex presidente, llama la atención que haya decidido ampliar el diálogo antes constreñido a la figura de Moreno, secretario de Comercio Interior.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que el gobierno nacional sabe que la economía empieza a desencajarse de sus previsiones. También sabe que a la fortaleza del poder la otorga la estabilidad económica y que, sin ella, sus devaneos ideológicos, su retórica social y los fundamentos reales de su poder se derrumbarían como un castillo de naipes.