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La estimación la hizo el titular del Renar. El funcionario nacional firmó un acuerdo con la provincia para abrir nuevas bocas de entrega voluntaria de armas. Dijo que el 50 % de las que se reciben por ese plan es ilegal.
Según estimaciones oficiales, en la provincia de Santa Fe habría entre 200 mil a 300 mil armas de fuego que circulan de manera ilegal. Así lo sugirió el titular del Registro Nacional de Armas, Andrés Meiszner, sobre la base de una proyección estadística que hacen para calcular aproximadamente el número.
"Es muy difícil conocer la cifra exacta de armas que circulan ilegalmente. Lo que sí podemos decir es que Santa Fe entre usuarios individuales y fuerzas de seguridad, ronda las 110 mil armas registradas. Y generalmente, la cantidad de armas registradas se duplica o triplica en el mercado ilegal. Eso es estadísticamente lo que marca el número de armas ilegales", explicó.
El funcionario estuvo en Santa Fe para firmar un convenio con la provincia, que permitirá abrir nuevas bocas de entrega voluntaria de armas en el interior. En el marco de dicho plan, Meiszner dijo que desde julio del año pasado a la fecha, sólo en las ciudades de Santa Fe y Rosario se entregaron voluntariamente 7.100 armas. A la luz del universo de armas que estaría circulando de manera legal e ilegal en la provincia, el funcionario hizo su propia evaluación.
"Pareciera que lo entregado es muy poco. De todas maneras, creemos que cualquier número de armas que se entregue es mucho porque es un riesgo menor", dijo a El Litoral. "Creemos que más de 200 mil armas que se entreguen en el país sería altamente satisfactorio. No nos olvidemos que también por procedimientos judiciales se recuperan armas que se destruyen. Igualmente, éste es un trabajo a mediano y largo plazo", aclaró.
Qué se entrega
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego rige en el país desde mediados del año pasado. La persona interesada, sin identificarse, deja su arma a personal administrativo del Renar; se recaba tipo y calibre y en función de ello, se determina el monto del incentivo a pagar y que oscila entre los 100 y los 450 pesos por arma. Como constancia, el particular se lleva un acta del Renar, y un cheque al portador del Banco Nación.
Consultado por El Litoral, Meiszner reveló que el 50 % de las armas que se entregan voluntariamente son ilegales. En tal sentido, recordó que desde hace dos años, son muchos más estrictos los requisitos para registrar un arma, hecho que podría disparar de modo paralelo el mercado ilegal.
Según dijo, en las grandes ciudades suelen entregarse con mayor frecuencia las armas cortas, esto es, revólveres calibre 22, 32 y 38. Mientras que en el interior es más común la entrega de armas largas pero casi siempre en uso.
En todo el país y desde que entró en vigencia el plan -julio de 2007-, el Estado pagó alrededor de 16 millones de pesos en concepto de incentivo por casi 80 mil armas entregadas, con un promedio de 144 pesos por arma.
De las 7.100 armas entregadas en la provincia, más de tres mil se recibieron en esta ciudad y el resto en Rosario. Según Meiszner, estas cifras superan las expectativas generadas por quienes impulsan el plan. La ley prevé la inutilización y destrucción de las armas entregadas; en octubre del año pasado se destruyeron 20 mil y en abril se prevé lo propio para otras 25 mil armas.
El acuerdo
El titular del Renar estuvo en Santa Fe para firmar un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que le facilitará al organismo nacional espacios físicos para la instalación de puestos móviles en pueblos y ciudades -hasta ahora la entrega sólo era en Santa Fe y Rosario- para ampliar la recepción de armas.
"Pretendemos llegar a todas las municipalidades y comunas mediante bocas móviles para que la gente pueda hacer su entrega. Además -dijo Meiszner-, pretendemos apuntar a la concientización y educación de alumnos y docentes, a través de la experiencia de padres de víctimas de armas de fuego, como el matrimonio Marcenac de Necochea", explicó.
El funcionario destacó que Santa Fe "es la primera provincia que nos da la posibilidad de trabajar en forma mancomunada con el tema educativo, porque la problemática de las armas es un tema cultural".
El ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, sostuvo que el compromiso con el Renar apunta al tratamiento de la no violencia. "No queremos una sociedad armada. El uso de la violencia estatal lo tiene la institución policial. Queremos una sociedad pacífica, donde el arma la tenga sólo quien esté entrenado para ello y cuide de nuestras vidas e intereses", sentenció.
Materiales prohibidos
El Senado de la Nación comenzará a debatir el mes próximo un proyecto de ley que de aprobarse, transformaría a las armas en "materiales prohibidos". La titular de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, Sonia Escudero, explicó que la nueva definición convertiría en obligatorio el pedido de una autorización expresa para acceder a un arma y establecería un mayor control sobre los armamentos en poder de los ciudadanos.
"En la Argentina tenemos una ley de armas muy antigua, que se fundaba en un principio demasiado permisivo: toda persona que quería tener una, iba al Registro Nacional de Armas (Renar), solicitaba una autorización y se la daban, luego de un examen psicofísico, que ha demostrado ser bastante poco estricto hasta ahora", dijo la senadora justicialista salteña.
Explicó, asimismo, que la propuesta, que pasará a ser debatida en el Senado durante el mes de abril, apunta en primer lugar "a cambiar un paradigma, porque se tratará a las armas como un material prohibido, por lo que su uso deberá ser pedido expresamente".
El proyecto prevé que los civiles invoquen una razón clara para justificar la necesidad de un arma, por lo que ya no será posible adquirir armamento aduciendo motivos abstractos del tipo "una inseguridad generalizada", sino que deberá fundarse en motivos de trabajo, o porque vive en una zona muy aislada sin la presencia cercana de policía, o por caza.
De aprobarse la iniciativa, quienes usen armas deberán tener una tarjeta de municiones, para que pueda controlarse la cantidad que está adquiriendo y analizarse si tienen el uso adecuado al propósito que dijeron necesitarlas.
Más impuestos
El diputado radical Leonardo Simoniello presentó un proyecto de ley que prevé el incremento de la alícuota que grava las armas de fuego al momento de su compra, del 3,5 % al 15 %. Se alcanzaría así el gravamen máximo diferencial existente sobre el impuesto provincial de los Ingresos Brutos.
Por otra iniciativa, propende la adhesión de la provincia a las disposiciones de la Ley Nº 25.938, la que dispone la creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados, previendo un completo sistema de información sobre dichos elementos, fijando su depósito transitorio o definitivo, su decomiso y destrucción; como así también las normas y procedimientos destinados a regular la seguridad y gestión de depósitos y arsenales.
En Cifras
Testimonio
Mónica Marcenac, de la Red Argentina para el Desarme y mamá de una víctima de la violencia, destacó la importancia de la firma del acuerdo y expresó que la prevención en materia de armas es la base de cualquier programa. "Nuestro objetivo como padres es que la gente empiece a pensar que ni alentar la violencia ni armarse para defensa propia son cuestiones positivas. La seguridad la tenemos que buscar en las organizaciones del Estado. Estamos convencidos de que no sólo hay que insistir para que la ciudadanía se desarme, sino también para que como ciudadanos empecemos a participar de otra manera exigiendo a nuestras instituciones que cumplan con la función que deben cumplir. No es la misión de los padres de familia armarse para proteger a sus hijos", expresó.
De la redacción de El Litoral