Se supone que un presidente de la Nación -por definición mandatario de todos los argentinos- tiene la responsabilidad de asegurar la cohesión y la paz social.
De hecho, los actores sociales pueden ser conflictivos, el conflicto es un componente legítimo de una sociedad civilizada, pero la misión de un presidente es alentar los acuerdos, abrir caminos para el diálogo, construir consensos que permitan gobernar y crecer.
Ninguna de estas consideraciones estuvo presente en el discurso presidencial de la víspera. Desde el famoso atril, la mandataria descalificó a los productores rurales con conceptos hirientes y agresivos. Las razones políticas con las que fundó sus ataques fueron un dechado de anacronismos, pero más grave fue la indigencia teórica exhibida y el desconocimiento de lo que efectivamente sucede en el campo. Otra vez quedó de manifiesto esa reprochable tendencia de agudizar los conflictos con el objetivo de aplastar las disidencias.
Está claro que para el actual gobierno, el estilo, la forma, hacen al contenido. Un sistema político fundado en la concentración y centralización del poder necesita de una determinada retórica que, en el caso en cuestión, abreva en las peores tradiciones del peronismo. La presencia de los piqueteros oficiales, actuando como brazo armado civil del oficialismo, deja de ser una anécdota para revelar uno de los rostros autoritarios del poder kirchnerista.
La protesta del campo es legítima más allá de que se puedan objetar algunas de sus reivindicaciones. Las retenciones operan como verdaderos peajes que cercenan ingresos de los productores de manera indiscriminada y abusiva. El argumento de que están obteniendo ganancias no autoriza los atropellos, sobre todo cuando las excusas que se presentan para justificarlas son inconsistentes o disimulan mal la tendencia recaudadora de un poder que necesita de esos recursos para reproducirse como tal.
El precio que el gobierno está pagando por sostener una política facciosa aún no se ha mensurado bien. La protesta rural ha despertado la adhesión de amplios sectores sociales que ayer a la noche salieron a la calle a manifestar su hartazgo. Error de cálculo o víctima de su propia lógica, lo cierto es que el kirchnerismo atraviesa hoy una crisis de legitimidad, tal vez la más aguda desde que llegó al poder.
La presidenta ha dicho que no le van a torcer el brazo y que no acepta extorsiones. Pero si bien se mira, es ella la que tiene la responsabilidad institucional de no caer en planteos extorsivos y, mucho menos, torcerle el brazo a la sociedad. Nadie desea que el gobierno fracase, pero éste debe saber que tampoco es justo que la Nación fracase a causa de su visión unívoca y cerril.
En las sociedades civilizadas, los conflictos se resuelven con diálogo y negociación. El marco legal de este modo de vida es la propia Constitución Nacional que asegura la división de poderes y le otorga al poder herramientas legítimas para proponer iniciativas y generar acuerdos. La presidenta debe entender que en las democracias modernas el diálogo no es un signo de debilidad, sino de grandeza republicana.