Trabajo, educación, salud, seguridad, servicios públicos esenciales que faciliten el acceso a indispensables recursos de saneamiento, transporte y recreación son sólo algunas de las condiciones evaluadas como indispensables para el desarrollo de todo ser humano, habite el espacio geográfico que sea. Sin embargo, una amplia franja de la población santafesina está marginada del ejercicio de estos derechos.
Más allá de los indicadores que confirman el crecimiento de algunos sectores de la economía y aportan cierto optimismo, subsiste una realidad poco visible que compromete el desarrollo de miles de familias en todo el país: y la ciudad no escapa a este panorama.
Un informe publicado a comienzos de año en estas páginas consignaba -textualmente- que, en el borde oeste, unas 130 mil personas conviven en construcciones precarias, asentamientos ilegales, zanjones a cielo abierto, falta de servicios y basurales. Se apuntaba además que 55 mil chicos menores de 14 años son pobres y más de la mitad de esa cifra ya ingresa en la categoría de indigentes, es decir que carece de lo mínimo para subsistir.
A la gravedad de estas cifras, que esconden dramáticas historias personales y familiares, se suma que una tercera generación de niños y niñas se alimenta en comedores comunitarios, es decir que no ha logrado superar la precaria situación de sus padres y abuelos. Y difícilmente lo logre a menos que se modifique su situación estructural: claro que esto sólo será posible con una respuesta de fondo que exige mucho más de lo que pueden ofrecer salidas coyunturales o la inmediatez del asistencialismo.
Días atrás las autoridades municipales hicieron públicos los principales lineamientos de un plan de inclusión que prevé acciones para los próximos cuatro años de gobierno y aspira a mejorar la situación de 45 mil personas. Planteado como un desafío y destinado a recomponer la economía pero también el desarrollo social de miles de familias, el programa propone políticas de integración laboral, promoción de los derechos de la ciudadanía, fortalecimiento de vínculos familiares y redes sociales y de integración territorial. Pero también asume el compromiso de coordinar acciones con otros organismos del Estado y con instituciones de la sociedad civil que no ocultan la necesidad de un impulso oficial a sus propuestas: si se lleva a la práctica, esta decisión permitiría optimizar el uso de los recursos pero también -dada la cercanía de las organizaciones intermedias con la comunidad- fortalecer la etapa de materialización de los proyectos.
El plan se denomina Familias Incluidas, toda una definición de los objetivos planteados por las actuales autoridades. El programa busca responder a las necesidades básicas pero también a brindar herramientas para salir definitivamente de la marginalidad, entendida no sólo como la carencia de alimentos y ropa, sino como una condición que anula cualquier posibilidad de ejercer la libertad.
La propuesta está lanzada; el desafío estará en integrar los esfuerzos, sostener los proyectos y lograr que el plan trascienda el discurso y se traduzca en una mejor calidad de vida para miles de personas.