El examen realizado por la Auditoría General de la Nación a solicitud del gobernador Binner, arrojó como resultado que Santa Fe es una provincia con sus cuentas ordenadas, con su sistema administrativo contable eficiente, transparente, y con una notable solvencia fiscal.

Casi 1.500 millones de pesos de excedentes financieros acreditados en cuentas corrientes y plazos fijos certifican con claridad lo que estamos afirmando, y prueba que realizar obras y servicios en beneficio de la gente y de la actividad económica no es incompatible para nada con el orden de gestión y la solvencia fiscal. Es más, se complementan y necesitan. Cuando en 2003 Jorge Obeid asumió la gobernación de la provincia, la situación era difícil y debió comenzar a reparar las consecuencias que dejó la peor crisis que sufrió el país en su historia reciente.

El colapso de la economía nacional arrastró al precipicio a todas las provincias.

Poco se pudo hacer en infraestructura caminera y otras obras de importancia en medio de aquella decadencia.

Los salarios públicos, reducidos en un 30 por ciento como consecuencia de la devaluación, la desocupación y la pobreza en ascenso, imponían prioridades en la agenda pública.

En el caso particular de la ciudad de Santa Fe, la catástrofe de la inundación, exigió una atención especial y reparaciones urgentes.

Gracias a que la provincia tenía sus cuentas en orden -no se habían emitido bonos basura, ni apelado al endeudamiento de emergencia-, se pudo afrontar los efectos de la crisis con los recursos propios con que se contaba. Por este motivo, y porque se empezaban a insinuar los primeros síntomas de recuperación de la economía nacional y provincial, el gobierno de Obeid pudo poner en marcha un ambicioso plan de obras e inclusión social. Se trataba de disminuir los niveles de pobreza y desocupación y, a la vez, generar las mejores condiciones para la inversión privada. Se demostraba así que sin un Estado ordenado y con solvencia fiscal, ninguna solución inmediata y sostenible es posible y que hablar de políticas activas de intervención social sin aplicar recursos presupuestarios, es una evidente demagogia.

El plan de infraestructura que se llevó adelante en la gestión ascendió en cuatro años a 3.000 millones de pesos y ahí están las obras que testimonian esa realidad irrefutable.

Se recuperaron los salarios de todos los agentes públicos en un 160 por ciento promedio.

Por la implementación de políticas activas de apoyo y acompañamiento a la producción, se lograron inversiones por más de 8.000 millones de dólares y el aumento de las exportaciones a más de U$S 9.000 millones anuales.

Políticas productivistas y de inclusión social contribuyeron a reducir la desocupación del 17% al 8%, crear 400.000 puestos de trabajo y rebajar el índice de pobreza del 45% al 23% en el período 2003-2007.

Las empresas prestadoras del servicio de energía, aguas y cloacas volvieron a trabajar plenamente en el ámbito estatal y a realizar un ambicioso plan de obras para mejorar y eficientizar los servicios públicos, con inversiones que superaron los 600 millones de pesos sin que se aumentaran las tarifas.

¿Cómo fue posible lograr estas realizaciones que nadie puede ocultar, sin aumentar impuestos, ni tarifas, ni mayores endeudamientos?

Porque se tomó la decisión -desde el principio- de que todo se haría con los recursos con que se contaba, mejorando la recaudación, agilizando los procedimientos administrativos, mejorando los controles de la acción estatal, discutiendo precios con proveedores, exigiéndoles eficiencia a los adjudicatarios de obras, gestionando en la Nación recursos para grandes emprendimientos de alto impacto en la provincia, mejorando el gasto en función de las necesidades más urgentes de la población y la producción. En definitiva, mejorando en todas sus facetas la gestión estatal, sin tocar el bolsillo de los ciudadanos, cuyos ingresos habían caído estrepitosamente como consecuencia de la devaluación.

Cuatro años después, se entregó una provincia en marcha ubicada entre las principales del país. Y todo ello, como frutilla del postre, con un excedente financiero de 1.500 millones de pesos que el nuevo gobierno tiene a su disposición para continuar y profundizar este crecimiento y resolver rápidamente nuevos problemas que aún quedan pendientes.

Preocupa entonces que el ministro de Hacienda de Binner tenga un concepto tan despectivo y descalificante de la solvencia fiscal y de la previsibilidad en la gestión y que tenga tanto desprecio por la cultura del ahorro público que hoy le permite comprar patrulleros, cancelar deudas con hospitales, dar continuidad a la reparación de escuelas, y afrontar sin riesgos los aumentos salariales de estatales y docentes.

Pero lo que más preocupa de esas declaraciones, es lo que puede pasar en el futuro.

Si el gasto de los dineros públicos, invocando la resolución de los problemas pendientes, se convierte en despilfarro, y el exceso se piensa compensar con aumentos de tasas, impuestos y endeudamiento externo que otros gobiernos deberían pagar, estaríamos desandando un camino que se ha demostrado adecuado para lograr una gestión exitosa de los dineros públicos.

Pero esto forma parte del debate que viene y, por lo que se ve, promete ser más que interesante.