De la Redacción de El Litoral/DyN
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó anoche y convirtió en ley el proyecto que penaliza la trata de personas para fines de explotación tanto sexual, laboral, extracción de órganos o de sumisión a la servidumbre.
La norma fue aprobada en general por 157 votos positivos, 35 sufragios negativos y seis abstenciones, y luego tuvo un rápido trámite en particular. La iniciativa define el delito como "la captación, transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o recepción de personas con fines de explotación", y establece penas que van de tres a quince años de prisión.
La diputada kirchnerista Vilma Ibarra defendió en el recinto el proyecto oficialista, explicó que pena la acción de "captar, transportar o acoger a alguien con fines de explotación" y sostuvo que para el Código Penal "el delito es el verbo, reprime situaciones consideradas disvaliosas" como es "la trata de personas".
Ibarra justificó que la iniciativa establezca una salvedad en el caso del consentimiento de las personas mayores de edad, al referir que "existe la posibilidad para una adulta de consentir la prostitución", punto que fue central en la controversia con algunos sectores de la oposición. El proyecto marca que, en caso de comprobarse el delito de trata, aún existiendo consentimiento expreso de la víctima, debe ser castigado.
Mencionó que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado por 55 senadores en 2006 y la propia Cámara de Diputados convalidó sin contradicciones la adhesión al Protocolo de Palermo, que entiende que una mujer adulta puede prestar consentimiento, y que fue firmado por 140 países.
Claudio Lozano, de Proyecto Sur, impulsó en el recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes" y por ello pidió el regreso del proyecto a comisión.
Por su parte, los opositores Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica-Capital), Silvia Storni (UCR-Córdoba) y Rubén Lanceta (UCR-Buenos Aires) denunciaron ante la Cámara un supuesto contubernio entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución.
Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un "comité de protección para las víctimas". La diputada señaló también que "pensar que el tema de trata de personas sólo tiene que ver con la prostitución es un error", detalló que se vincula con otro tipos de explotación como la laboral y remarcó que "la industria textil tiene grandes firmas en la República Argentina" con "trabajadores esclavos tirados en los talleres".
Con esta ley, entrará en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado por decreto durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La norma establece para el delito una pena de 3 a 6 años, que puede elevarse a 10 si el culpable fuese familiar directo o cónyuge de la víctima. En el caso de que las personas explotadas sean menores de edad, la pena aumenta a 15 años de cárcel.
Los opositores a la ley cuestionaron, en especial, el artículo que establece que para comprobar el delito en el caso de mayores de edad tiene probarse que las víctimas fueron reclutadas mediante "engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos".
Las víctimas, según diferentes organizaciones sociales, se niegan a declarar ante la Justicia y realizar acusaciones por miedo a represalias. Por eso reclamaron una protección a las víctimas de la misma categoría como la protección de testigos.
Víctimas
La ley apunta a combatir las redes de prostitución -sobre todo, en cuanto al secuestro y sometimiento de menores-, a reprimir el trabajo esclavo y atacar el tráfico de órganos. Las principales críticas apuntan a que, en determinados casos, se obliga a la víctima a demostrar que no hubo consentimiento de su parte; y que esto es muy difícil, por el miedo a declarar contra el responsable del sometimiento.
Dirigentes políticas, feministas, sociales, artistas e intelectuales firmaron una carta abierta en la que expresaron su oposición al proyecto de ley aprobado anoche.
Martha Bianchi, Virginia Franganillo, Dora Barrancos, Ana Suppa y la hermana Martha Pelloni, quien en 1990 lideró en Catamarca el reclamo de justicia por el homicidio de la adolescente María Soledad Morales, impulsaron entre otras el reclamo.
"En franca contradicción con la política de derechos humanos que viene llevando adelante la Argentina, se revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba", aseguraron con relación al artículo de la iniciativa que obliga a probar que las víctimas fueron reclutadas para considerar delito a la acción.
Además, solicitaron que "se reabra el debate, a fin de que, además de la ley, la Argentina cumpla con una política real, visible y de probada eficacia en relación con la persecución de tan infame delito".
También el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó que los "proxenetas y tratantes" sean castigados con penas de "cumplimiento efectivo" cuyo mínimo "no sea excarcelable", tal como establece el proyecto que impulsó el oficialismo.
Mondino exigió una ley que proteja "efectivamente" a quienes son obligados a prostituirse y que no distinga "a las víctimas mayores y menores de 18 años".