El senador Marcello Dell'Utri, colaborador de Silvio Berlusconi, admitió contactos con el empresario afincado en Venezuela, investigado por el intento de comprar votos de los italianos que viven en Sudamérica para las elecciones generales de mañana y el lunes, pero negó cualquier tipo de implicación.
En declaraciones recogidas hoy por la prensa italiana, Dell'Utri puntualizó que no ha recibido notificación alguna de estar siendo investigado, y calificó de "mentira" y "basura" su posible implicación en el presunto intento de fraude electoral.
El senador admitió que Aldo Micchiche, empresario condenado en Italia por quiebra fraudulenta y ex miembro del partido Democracia Cristiana en Sicilia, le ofreció su ayuda en la campaña electoral en Latinoamérica.
Según Dell'Utri, condenado en 2004 en primera instancia a nueve años de reclusión por complicidad con la mafia siciliana, se limitó a poner al empresario en contacto con Barbara Contini, encargada de la campaña en el extranjero del Pueblo de la Libertad, la nueva formación de Berlusconi.
El caso de la posible compra de votos de los italianos en Latinoamérica estalló ayer cuando el diario La Stampa publicó que la fiscalía de Reggio Calabria, región del sur de Italia, estaba investigando posibles fraudes en Sudamérica.
Según el rotativo, el empresario siciliano, aprovechando sus vinculaciones con la familia Piromalli de la Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa que cuenta con importantes ramificaciones en Latinoamérica, quería comprar votos para el Pueblo de la Libertad de Berlusconi.
El diario Corriere della Sera publica hoy la presunta conversación telefónica interceptada por los investigadores en la que Micchiche asegura a Dell'Utri, que "los responsables de los votos se taparán los ojos cuando uno de los nuestros se ocupará de recuperar las papeletas y poner una cruz sobre el símbolo del PDL".
El coste de la operación, según la prensa local, era de 200.000 euros (318.000 dólares) por unos 50.000 votos, mientras que La Stampa añade que la familia Piromalli habría pedido a cambio poder atenuar las duras condiciones carcelarias de algunos de sus miembros.
Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Giuliano Amato, confirmó que la fiscalía calabresa le señaló la existencia de la investigación, y que tras ser informado, envió una circular a todos los consulados "en la que se invitaba a prestar particular atención y garantizar que todas las papeletas electorales no se perdiesen de vista" y añadió que confía en que esto "haya servido para evitar el fraude".
Los italianos en el extranjero, que tuvieron hasta ayer para votar, son cerca de tres millones y pueden elegir a 18 de sus propios representantes en el Parlamento (seis senadores y doce diputados), de estos cinco corresponden a Sudamérica.
EFE