Tres santotomesinos fueron condenados por la Justicia Correccional como autores penalmente responsables de los delitos de injurias y calumnias, por una querella iniciada por el ex intendente municipal de Santo Tomé, Ángel Piaggio. La sentencia -que todavía no está firme-, afecta a otro ex intendente de esa ciudad, Roberto Schmidhalter; además a Sergio Zavala y Claudio Clemente, dos estrechos colaboradores suyos. Los tres están obligados a resarcir a la víctima con $ 15.000 cada uno.
La querella por calumnias e injurias surgió a fines de 2005, luego de que comenzaran a circular por Internet una serie de correos electrónicos que partían de siete direcciones anónimas.
"Es notorio que las expresiones vertidas en dichos e-mails revelan el afán contundente e inequívoco de deteriorar el honor y la reputación del querellante, atacando no sólo a su actividad política -lo cual no consideraríamos injuriante- sino su ámbito personal y familiar, es decir su intimidad, que debe ser protegida", fundamentó el titular del Juzgado Corrección de la Tercera Nominación, Orlando Pascua.
La sentencia, con fecha 15 de abril, todavía no está firme, por lo que no se descarta que los actores desfavorecidos apelen la resolución. La noticia salió a luz esta mañana, cuando no todas las partes estaban notificadas, lo que generó cierto malestar en el juzgado. No obstante, la resolución fue enviada a la Agencia Santo Tomé por el beneficiado para su difusión.
El juez Pascua analizó las pruebas recogidas en los distintos procedimientos, donde hubo secuestro de computadoras y material comprometedor para los querellados.
Dejó en claro que "las expresiones vertidas en los cuantiosos y referido e-mails configuran el delito de injurias" y fundamentó diciendo que en los escritos "se mezclan insultos, calificativos peyorativos y hasta denigrantes para el Sr. Piaggio, los integrantes de su familia y hasta se habla de hijos no reconocidos".
Contra los argumentos de la defensa de los implicados, Pascua dijo que "fácil es determinar que el significado de las palabras trasmitidas por e-mails denotan un "animus injuriandi" y hasta una indudable "real malicia" (para cuando los sujetos activos son periodistas) que bajo ningún punto de vista se podrá considerar como crítica política, que aunque excesiva podría ser permitida dentro de ese parámetro, bajo el fundamento de la libertad de expresión".
A través de esos correos la interna pasó a tener estado público, por lo que "fueron muchos los terceros que tomaron conocimiento de todas estas expresiones". En ese sentido el juez concluyó que "la conducta de los querellados ha sido objetiva y subjetivamente injuriosa, ya que no se trata de meras críticas o críticas razonadas", y se difundían "anónimamente".
En cuanto al delito de calumnias, "también se han consumado", afirmó Pascua, que se apoyó en "las concretas y falsas imputaciones delictivas de acción pública que se hacen en los e-mail".
Los querellados le atribuyeron a Piaggio haber cometido delitos como "cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y hasta enriquecimiento ilícito". No obstante, "ninguna denuncia o causa concreta se aporta como prueba", agregó el magistrado.
El material probatorio le permitió al juez determinar que los tres tuvieron responsabilidad en la difusión de los e-mails, al punto que el propio Schmidhalter quien admitió en una nota periodística "haber reenviado algunos".
El descrédito que generaron las habladurías reproducidas por el medio electrónico, hicieron lugar al reclamo por daño, que a la Justicia le "resulta innegable". Por lo tanto se ordenó la reparación económica cifrada en 15 mil pesos para cada uno de los querellados, más los intereses generados desde la fecha de inicio del reclamo.
Indemnización.
En la misma sentencia el juez Orlando Pascua desestimó una contra querella por injurias, presentada por Schmidhalter contra Piaggio y absolvió de culpa y cargo a este último. Por otra parte, el magistrado resolvió hacer lugar al reclamo indemnizatorio, y condenó en la faz civil a Schmidhalter, Zavala y Clemente al pago de quince mil pesos, más los intereses generados desde la presentación de la querella. El último ítem del fallo hace lugar al pedido de publicar la parte resolutiva de la sentencia en El Litoral y el diario de mayor tirada de Santo Tomé, haciendo la salvedad de que esta medida se tome una vez que la sentencia haya quedado firme.