Entre la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y la presentación del reglamento del Consejo de la Magistratura y la primera convocatoria a concursos, el justicialista Mario Lacava ratificó diferencias políticas con la decisión del gobierno provincial.

""Tenemos la certeza de que el nuevo decreto para el Consejo de la Magistratura no es mejor. Más que hacer una comparación decimos que este decreto autolimitativo no es ni transparente ni participativo, o mejor dicho, es menos transparente y participativo y en consecuencia poco autolimitativo". La referencia se relaciona con respecto al funcionamiento que tuvo el Consejo hasta diciembre último en que se produjo el cambio de gobierno.

Lacava lleva la voz cantante de la oposición en este tema y expresó sus diferencias ante el propio Superti el último miércoles. ""El sistema es menos transparente porque la primera comisión prevista en el Consejo, la evaluadora, estará integrada por personas surgidas de un sorteo de aquellas elegidas por el secretario de Justicia. Se puede pensar que van a preseleccionar sus amigos para que entre ellos se sorteen. Es poco participativo porque los colegios de Abogados y de Magistrados no integran la segunda comisión que es la entrevistadora que evalúa la calidad democrática y el compromiso con los derechos humanos. Está menguada la participación de los colegios; en consecuencia es poco autolimitativo. No hacemos de esto una cuestión de vida o de muerte, porque el gobernador es el que tiene la facultad constitucional de designar los jueces, pero que no nos digan que esto lo autolimita en su facultad".

EL decreto sobre el Consejo de la Magistratura estipula que la comisión evaluadora de los postulantes a jueces se realizará entre los elegidos por el Poder Ejecutivo de una lista de 15 personas que proponen los colegios de abogados, magistrados y facultades de derecho estatales. En cuanto a la comisión entrevistadora, que es la encargada de dictaminar sobre las calidades democráticas de los postulantes y su compromiso con los derechos humanos, estará integrada sólo por representantes de las facultades de derecho de Santa Fe y Rosario, excluyendo abogados y magistrados.

Lacava aseguró que las explicaciones brindadas por Superti no lo han hecho cambiar de opinión. ""Hay una sola manera en que nos podemos poner de acuerdo con el gobierno, en que esto es un decreto autolimitativo. La primera es que no haya preselección de candidatos a integrar la junta evaluadora, es decir que el sorteo se realice entre los propuestos por los colegios de abogados y magistrados y las universidades. El otro aspecto es que a la comisión entrevistadora la integren los dos colegios. Esto sería un avance porque antes los colegios tenían participación plena en el proceso de selección y el gobierno no se metía a elegir el abogado o funcionario judicial y formaban parte de una comisión única con participación plena".