"Estamos volviendo y las vamos a matar". La amenaza llegó a las cuatro de la madrugada a través del portero eléctrico del departamento donde vive Alejandra, la hija de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a horas de que se produjera la liberación del militante de derechos humanos de Zárate, Juan Puthod, quien fue víctima de un secuestro que la Justicia relaciona con su condición de sobreviviente de la dictadura y presidente de la Casa de la Memoria de esa ciudad.
Los dos hechos, sumados a una amenaza recibida por el dirigente de la agrupación Barrios de Pie de la localidad de Campana, Guillermo Varela, profundizaron el enrarecimiento del clima que rodea a los juicios contra los represores, y que tuvo con la desaparición del testigo Jorge Julio López la primera señal de alarma.
A través de un comunicado difundido ayer, la Asociación denunció la amenaza sufrida por Bonafini y su hija: "Le dijeron que van a volver, que ya estaban hartos", dijo la titular del organismo, quien reveló que más tarde en la puerta del mismo edificio "había dos tipos, uno pelado con anteojos y otro en un auto con vidrios polarizados".
La intimidación fue más allá de la amenaza de muerte, teniendo en cuenta que la hija de Bonafini se mudó a ese departamento ubicado en la ciudad de La Plata hace muy poco tiempo y sólo sus más íntimos allegados conocían la dirección. Para la titular de Madres, el hecho revela que esos grupos están haciendo inteligencia permanentemente, y están al tanto de sus movimientos.
En esa misma dirección pareció ir el mensaje que le transmitieron los captores a Puthod durante sus 28 horas de cautiverio: "Vos vivís y morís cuando queremos. Tu vida sigue en nuestras manos".
La hipótesis que manejan los organismos es que el propósito de esta conducta, que atribuyen a la "mano de obra desocupada", es la intimidación a los testigos de los juicios contra los represores, de ahí que las diputadas nacionales Cecilia Merchán (FPV Córdoba) y Victoria Donda (FPV Buenos Aires) advirtieran ayer que "es necesario armar una legislación que proteja con eficacia a los testigos" de las causas por crímenes de lesa humanidad.
Las Madres de Plaza de Mayo también advirtieron sobre esta situación al presentar ante el gobierno nacional una propuesta con ocho puntos destinados a acelerar los juicios.