Benjamin Franklin fue enviado por su gobierno a Francia para arreglar algunas diferencias diplomáticas. El gobierno francés le ofreció alojarlo en un lujoso chateau. El gesto era amistoso, y en la diplomacia europea del siglo XVIII estaba considerado como una atención bastante común hacia diplomáticos importantes. Franklin rechazó la oferta y argumentó que él estaba en París para discutir algunas diferencias, por lo que el decoro y el honor le impedían aceptar ese tipo de atenciones.
No concluyeron allí las novedades. Funcionarios del protocolo hicieron gestiones para que se alojara en un hotel céntrico. Cuando Franklin se enteró del precio de la suite, dijo que agradecía las gentilezas, pero se iba a alojar en un hotel más modesto porque los contribuyentes norteamericanos no estaban en condiciones de pagar esa suma de dinero. Benjamín Franklin era, en ese momento, uno de los dirigentes políticos más respetados de su país.
La anécdota es oportuna para reflexionar acerca de la denuncia contra la presidenta de la Nación por los gastos realizados en sus recientes viajes o por la sospecha de que alguna empresa privada financió su gira. Si bien por su condición económica Cristina Kirchner debe estar acostumbrada a viajar sin preocuparse por los precios, como presidenta de una república democrática debe saber que el dinero de los contribuyentes debe ser respetado, mucho más cuando se trata de un país que en el concierto de las naciones desarrolladas es objetivamente pobre.
Los gastos excesivos se relacionan no sólo con la indiferencia por el dinero de los contribuyentes, sino con prácticas veleidosas y reprochables. Más allá de las causas judiciales abiertas, está extendida la sospecha de que en el ámbito de las máximas autoridades no se actúa con austeridad. Los episodios de Skanska, o de Antonini, o del sugestivo paquete de dinero encontrado en el bolso de la entonces ministra Felisa Miceli justifican estas aprensiones. En ninguno de estos temas las respuestas del gobierno han sido satisfactorias. Tampoco ha habido una respuesta clara respecto del destino y el manejo del dinero de la provincia de Santa Cruz.
Para Transparencia Internacional, la Argentina sigue siendo un país corrupto y las últimas mediciones no han modificado este concepto; por el contrario, lo han agravado. Estructuralmente, el denominado capitalismo de amigos reproduce prácticas corruptas que se inician en la cúspide del poder y se extienden hacia todas las instituciones. La concentración del poder, el debilitamiento de las instituciones, la disponibilidad de cuantiosos fondos sin rendición de cuentas contribuyen a fortalecer un esquema de poder cada vez más discrecional e impune.
La conducta de los funcionarios nacionales no contribuye a modificar este concepto ante los ojos severos del público. En los círculos áulicos del poder, los gastos son ostentosos y parecería que se ha instalado la errónea idea de que quien más gasta es más importante. Atendiendo a los rigores de esta realidad, no estaría de más que en el oficialismo se recuerde el ejemplo de Benjamín Franklin o, para no irnos tan lejos, la conducta del ex presidente Arturo Illia.