Luis Rodrigo
La subsecretaria de Seguridad Vial, Hebe Marcogliese, reveló que el gobierno provincial espera que una licitación termine con la precariedad de los "convenios ampliados" que le permiten hoy a un grupo de talleres llevar a cabo los controles de la Revisión Técnica Obligatoria, en un esquema en el que el valor del servicio -prestado en forma monopólica- se fija según las reglas del mercado.
"Estamos trabajando en rediseñar la implementación: serán los municipios los que licitarán la habilitación de los talleres, según un modelo de pliego licitatorio que queremos establecer", explicó.
Para ese objetivo "hacemos un estudio que cuenta con el asesoramiento del Inti, un organismo oficial, que contempla variables como la localización geográfica, la densidad del parque automotor y de población, de la inversión necesaria en equipos, de la tasa de retorno (o ganancia) adecuada, para que el sistema sea sustentable, acorde con la demanda y con el servicio y la proximidad que requiere el usuario".
"Si permitiéramos que quien quiera instalara un taller, y si la provincia habilitara a todos, sin ningún límite en el número, lograríamos que por falta de demanda el sistema fuera un fracaso", advirtió la funcionaria, luego de admitir que los hoy existentes son insuficientes.
Marcogliese dijo que cuando asumió su cargo, el sistema "ya estaba funcionando y corrían los plazos. Hicimos la prórroga y creemos que en unos 6 meses van a estar los talleres habilitados por la Municipalidad para estar en funcionamiento. Esto va a depender: en primer lugar de que nosotros en la secretaría tengamos terminado este análisis que hacemos contrarreloj y de que los municipios lleven adelante sus procesos licitatorios, tal como lo establece la ley (y si éstos no lo hacen, deberá encargarse la provincia", adelantó.
"Creemos que lo van a hacer y hemos pensado que si resulta necesario se impulse la creación de talleres móviles, para que se llegue a lugares más alejados de los grandes centros urbanos. El interés que han manifestado los gobiernos municipales en lo que va del año es alto, creo que no habrá necesidad de que la provincia tenga que salir a suplirlos", expresó.
-¿Los convenios que encontraron en vigencia fueron producto de alguna licitación?
-No, no lo fue. Por eso hacemos este trabajo. Nos importa no sólo la transparencia en la selección y la adjudicación sino también para ampliar la auditoría técnica sobre los insumos y los proveedores de los talleres, e incorporarle herramientas de gestión para que el funcionamiento del sistema mejore la calidad del servicio al usuario. Eso también falta. En cambio, desde el punto de vista técnico las características a reunir por los talleres están definidas en la ley.
Queremos un sistema que sea transparente: vamos a diseñar un pliego de licitación modelo que los municipios van a tener que utilizar para que esto se haga a través de una licitación pública: debe serlo por la naturaleza de la contratación, por el monto comprometido y por la obligatoriedad del trámite. Queremos más transparencia en el momento de la selección de oferentes.
Efecto prórroga
Según la subsecretaria de Seguridad Vial "el cumplimiento de la RTO es directamente proporcional a la exigencia. Cuanto más exigimos, más acatamiento observamos: una vez dispuesta la prórroga, a mediados de enero, comenzó a caer el número de propietarios de vehículos que iban a los talleres... Es como con el seguro: es obligatorio y exigible desde 1994, fue impuesto por Ley nacional, a la que fueron adhiriendo las provincias y los municipios y para 1999-2000 lo era en todo el país. Hoy no llegamos en la Argentina a un 50% de vehículos con seguro. Con el RTO tenemos mejores expectativas y sabemos que mucho de la conducta de los propietarios de los vehículos tiene que ver con la fiscalización que haga el Estado", advirtió.
Para la subsecretaría de Seguridad Vial, Hebe Marcogliese, no debe perderse más tiempo con el proceso de controles sobre los vehículos que dispuso -hace ya 18 años- el Estado nacional, al establecer por ley la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
"Hay que hacer un poco de historia: la RTO es una institución del sistema de seguridad que viene aplicándose en muchos países. En la Argentina se tomó por primera vez de modo generalizado en 1995 con la nueva Ley de Tránsito. Antes, se había implementado para el transporte de cargas a nivel nacional, luego con el de pasajeros".
Santa Fe se adhirió a la ley en 1998 y "justamente nuestra norma provincial, la 11.583, da muchísima importancia a la RTO, es el aspecto que más describe la ley. Y el decreto de 1999 que la reglamenta ha previsto en forma pormenorizada cómo debe funcionar el sistema. Para entonces ya se había implementado en la provincia para los vehículos del transporte de cargas y de pasajeros: se habilitaron estos 12 talleres para ese objetivo".
La obligatoriedad de la revisión técnica para los vehículos particulares nace en ese año. Y en 2007 (ocho años después) "ya que los municipios no habían habilitado sus propios sistemas implementa este sistema que consiste en convenir con los talleres que ya funcionaba una ampliación de facultades, para que también absorban los vehículos particulares y establece un cronograma escalonado, para que sea exigible de acuerdo con la antigüedad del vehículo, lo que a nuestro juicio es correcto".
El año pasado, "la provincia tomó en sus manos el tema y cerró los convenios con los talleres. Cuando nosotros llegamos al gobierno esto ya estaba dispuesto y en marcha, con un vencimiento en ciernes. Los convenios fueron anunciados en agosto, se firmaron en setiembre y pusieron en funcionamiento de inmediato".
"Frente a esto -sigue la funcionaria- lo que hacemos es: por una parte ampliar el plazo de vigencia de todo el cronograma, movemos todos sus escalones, y siempre bajo el concepto de que todos los vehículos particulares deben hacer la RTO pero hay un escalonamiento, por el año del modelo para quienes quedan en infracción (hoy, los anteriores a 1995). El objetivo es que en 15 meses todo el parque vehicular pueda ingresar al sistema de RTO" .