El gobierno nacional ha prometido un plan de obras públicas con sentido social, para justificar el destino de lo que recaudaría con las retenciones móviles sobre exportaciones agropecuarias. Lejos del diálogo y del ejercicio republicano del poder, la administración centralista del país ha elegido profundizar el camino de la confrontación.
La Casa Rosada debe aún explicar cuál es el grado de subejecución del plan de 700 escuelas prometido en 2005, o cómo se justifica la faraónica inversión del tren bala que, de ser viable, costará mucho a todos para prestar servicio a unos pocos. Sin embargo, elige darle más contrato de obras al Ministerio de Planificación como única alternativa a un conflicto que compromete la inmediata realidad del país.
Desde los 90, las prestaciones básicas de salud o educación están en manos de las provincias, que tienen cada vez menos recursos para pagar a docentes, médicos y enfermeros. Más hospitales construidos no significan justicia social cuando los gobernadores tienen hoy sus cuentas en rojo porque no pueden pagar sus costos de mantenimiento.
No es federalismo la creación de una comisión para elegir el emplazamiento geográfico de las obras. La presidenta se reserva el manejo de los mecanismos para destinar las inversiones, olvida los dispositivos constitucionales de distribución de la renta nacional y somete nuevamente a los gobernadores a mendigar lo que por derecho deberían administrar.
En el discurso oficial, la riqueza son los restaurantes de Capital Federal llenos, y la pobreza la constituyen las postergaciones del conurbano bonaerense. Es ésa una escena sesgada que sólo puede justificar miradas igualmente negadoras; hay economías regionales en crisis, falta de combustible o pobreza estructural en muchas otras latitudes de la Argentina.
Si el gobierno dice que el país debe hacer menos soja para garantizar más carne, leche o trigo, no debería fundamentar la salud pública con el recurso de la oleaginosa. Si pretende financiarse con ella, entonces no puede evitar que se postergue el resto de las actividades productivas.
Hacen falta políticas estructurales sustentables para pensar en la justicia alimentaria, en la salud social, en el federalismo de la equidad. No persigue esos objetivos un gobierno que ni siquiera es capaz de someterse al imperio de la ley del defensor del pueblo, porque tampoco concibe la negociación como alternativa para hacer política.
El poder debe ser ejercido en el imperio de la ley; la confrontación de fuerzas no es un marco teórico funcional al desarrollo sustentable. Si las crisis necesitan fortaleza, el crecimiento con equidad demanda consensos construidos con inteligencia negociadora.
En fin no justifica los medios, menos aún cuando los medios enunciados no son funcionales a tal fin. Los votos son condición necesaria para legitimar el poder, pero no excluyente; la democracia no se agota en la formalidad de su garantía mecánica, sino que demanda un compromiso consistente con el desarrollo en la justicia social.