Aunque el texto enviado al Congreso propone la ratificación de la resolución 125, sobre las retenciones móviles, el escenario legislativo puede servir de plataforma para un acuerdo político entre el Gobierno y los sectores productivos, con participación de las provincias.
Carlos Petroli
El "efecto resolución 125" no sólo se refleja en el malhumor tranqueras adentro. La contracción de las exportaciones locales está catapultando los precios de la soja y, consecuentemente, el monto de las retenciones. Los derechos de exportación del poroto calculados sobre un FOB puertos argentinos de 548 dólares la tonelada se ubicaban ayer en un 46,3 por ciento (más de 11 puntos por encima de los valores previos al 11 de marzo), un buen dividendo potencial para la recaudación del Gobierno.
En el caso del maíz, las inundaciones en los Estados Unidos con cerca de dos millones de hectáreas afectadas en el corn belt (cinturón maicero), también hicieron levantar la temperatura de los precios externos.
Pero los productores locales, lejos de festejar a cuenta de la próxima siembra, han comenzado a encender luces amarillas. Y también mencionan el "efecto retenciones móviles". Según Maizar, de los últimos 50 dólares de aumento que registró el precio del maíz en el mercado internacional, al Estado le corresponderán 38 dólares por tonelada y al productor un poco menos de un tercio (12 dólares).
La retención se ubicaba ayer en 33,7 por ciento, más de nueve puntos por encima de la tibia rebaja de los derechos de exportación contenida en la cuestionada reforma firmada por el ex ministro Martín Lousteau a principios de marzo.
Cadenas de valor
¿Se animarán los legisladores en particular los del oficialismo a corregir éste y otros efectos negativos para la producción del esquema de retenciones móviles?
En los papeles, uno de los objetivos del Gobierno es potenciar a diferentes cadenas de valor por la vía de tipos de cambio diferenciales. La mayor carga fiscal recayó sobre el complejo oleaginoso-aceitero (aunque aquí también hay un stock de compensaciones muy fuerte para las fábricas), mientras se trazaron retenciones "menores" para los cereales (maíz y trigo) y para las distintas cadenas de carnes.
Los productores de maíz, sin embargo, mencionan que, dado el mayor nivel de inversión requerido frente a otros cultivos, y la falta de estímulos, la situación de mayores precios internacionales podría significar, de manera absurda, una nueva caída del área sembrada.
A las cadenas de carnes y de lácteos no les ha ido bien; desde mediados de 2005, cuando empezaron a acentuarse las intervenciones extras sobre el sistema de precios (precios mínimos, precios de referencia, precios acordados, precios de corte) junto con restricciones cuantitativas adicionales a los cupos de exportación, la consecuencia fue una liquidación de vientres, mermas en la producción y una desaceleración en los proyectos de inversión. La opción fue la de "comerse hoy" un capital que mañana presentará mayores cuellos en la oferta. Una visión cortoplacista y riesgosa para un país exportador neto de alimentos. En varios ítems, la producción duplica las necesidades del abastecimiento interno; como el caso del trigo, con un mercado intervenido sin que los productores tengan precios de referencia.
Todos estos puntos son los que las entidades del agro engloban en la "agenda" que aspiran recomponer con los interlocutores oficiales. Para esto, la comisión de enlace anunció el miércoles que cursará un pedido de audiencia a la Presidenta Cristina Fernández, el próximo lunes.
A sus bancas
La mayor expectativa está depositada en el Congreso. Los más ambiciosos y optimistas miran hacia este ámbito como la plataforma para alcanzar un acuerdo político entre el Gobierno y los sectores productivos, con participación de las provincias.
Una misión para nada sencilla será alcanzar una revisión del esquema de retenciones móviles, variante que comenzará a debatirse el lunes en las comisiones de Agricultura y Presupuesto y Hacienda, a pesar de que el proyecto enviado esta semana por el Ejecutivo busca una ratificación.
La reforma es considerada clave no sólo desde la vereda de los productores, que esperan habilitar una vía para poner fin al conflicto con el Gobierno que esta semana cumplió 100 días. También para las provincias donde el aparato agroindustrial constituye la base de una actividad económica hoy paralizada y con perspectivas de desaceleración. Por lo que está en juego, no se trata de una votación más; el resultado sentará precedentes, despejará o agregará incertidumbres y puede abrir la puerta para los consensos hoy ausentes.