Durante más de cien días de conflicto con el campo, el kirchnerismo cometió una llamativa sucesión de errores políticos que llevaron al país a una virtual paralización de su economía y a una división profunda. Una lectura manifiestamente maniquea de la realidad y una visión centralizada del poder por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su esposo, pusieron a los argentinos al borde de la fractura social.
Sin embargo, y a pesar de tanto tiempo perdido, el escenario parece estar cambiando. La inclusión del Congreso de la Nación en esta problemática llegó tarde, pero al fin llegó.
Es cierto que el kirchnerismo cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento. Pero éste no es el verdadero problema pues, de hecho, esas bancas fueron obtenidas mediante el voto popular.
Al incluir a los legisladores como protagonistas de esta discusión se produjo una apertura del juego político.
Para muchos, la disyuntiva no será sencilla. De un lado, estará la ciudadanía a la que diputados y senadores deben representar. Del otro, un Poder Ejecutivo que a lo largo de esta disputa se encargó de dejar en claro que no está dispuesto a tolerar matices: para el ex presidente o Cristina Fernández, sólo existen amigos o enemigos.
Aún puede resultar apresurado definir si este cambio de escenario se produjo gracias a los bloqueos de las rutas, al progresivo desabastecimiento de alimentos y combustibles, a la presión ejercida por miles de argentinos que invadieron las calles reclamando diálogo o a una conjunción de estos factores.
A la dirigencia del campo le cabe ahora una enorme responsabilidad. De hecho, puede ocurrir que en el Congreso se adopten decisiones que no alcancen para satisfacer el reclamo del sector rural.
Aun así, deberán convencer a sus bases de que ésta es la lógica del sistema republicano y democrático que, a pesar de sus falencias y carencias, debe ser valorado, respetado y protegido por el bien de las instituciones y del país. El año entrante habrá elecciones legislativas y, entonces, llegará el momento de juzgar la actitud de los legisladores.
De todos modos y gracias a su reclamo, los hombres del campo lograron instalar en la mesa de discusión la falta de una política agropecuaria en la Argentina. También dejaron al descubierto ante la ciudadanía estos preocupantes rasgos autoritarios del matrimonio Kirchner, desconocidos hasta ahora para muchos. Y, tal vez lo más importante, es que por primera vez en este país, la gente salió a las calles para reclamar diálogo, paz, racionalidad e institucionalidad.
Mientras tanto, ruralistas y camioneros deberán ahora liberar las rutas. Lo ocurrido tendrá que servir como lección para todos; ciudadanos y gobernantes deberán entender que interrumpir el tránsito no puede ser una alternativa para reclamar algo, aunque se estime que este sea justo.
Esta es una buena oportunidad para que la Argentina dé una muestra de crecimiento en el lento pero sostenido proceso de maduración cívica. Las instituciones deberán salir fortalecidas y los gobernantes tendrán que aceptar que la tolerancia social tiene límites. De no ser así, tanta angustia, tanto malestar, tanto tiempo y dinero perdido, habrán representado un costo en vano.