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El campo expuso argumentos ante los legisladores nacionales por Santa Fe. No hay una unidad productiva promedio y todo depende de variables que no se estandarizan, como lluvias o capacidad de gestión. Apuntan que con las retenciones no es posible ser justos en la imposición.
En San Justo, la soja rindió 28 quintales por hectárea; en Ramayón, a 15 kilómetros, 10 u 11 quintales por hectárea. Todo en unidades económicas y con tecnologías comparables. ¿Se puede aplicar la misma retención en ambos casos?
Los diputados nacionales del oficialismo planteaban que es necesario tomar la determinación ahora y buscar reformas fiscales progresistas a largo plazo; los pequeños y medianos productores de la provincia aseguran que se están fundiendo con las retenciones móviles y que no se los pude calificar como tales según la cantidad de tierra que posean.
La discusión que se abrió esta mañana en la Sociedad Rural de Santa Fe dejó en claro que, de ser productiva, sólo servirá para establecer un escenario de transición en el que habrá costos. Pero también puso en evidencia que la oportunidad del país es inmejorable y que se debe encontrar el mayor punto de equilibrio posible.
Al encuentro asistieron Alejandro Rossi, Ana Berraute, Gustavo Marconato, Ariel Dalla Fontana y Walter Agosto, todos diputados nacionales del Frente para la Victoria, además del socialista Miguel Barrios.
José Argenti fue el anfitrión presente pero la representación del campo fue completa: Alejandro Krum de FAA, Rubén Ferrero de Carsfe y Santiago Rabasedas de CRA, entre muchos otros.
Presión fiscal y costos
Tomando como base el producto bruto interno agropecuario previo a las retenciones móviles, el productor afronta en el país una presión fiscal del 23,30 por ciento, contra 2,76 por ciento de Brasil o 6,9 por ciento de Uruguay, según el informe que presentaron ante los legisladores los técnicos de Aacrea (www.aacrea. org.ar).
Sin embargo, los especialistas dejaron en claro que "el eje estratégico de la producción agrícola no está centrado en la producción de la tierra como en la capacidad para organizar y coordinar una red de contratos".
En otras palabras, pequeños productores que compran máquinas en común (tecnología) y comercializan en conjunto (escala), lo que plantea un dilema a la hora de legislar quién es pool de siembra y quién un pequeño o mediano productor que debe tener menor presión fiscal.
Rodolfo Tkachuk, Rubén Giorgi y Elio Musuruana (todos de Aacrea) presentaron un informe según el cual el 70 % de la producción agrícola en la Argentina es mediante arrendamientos y comentaron un modelo en base a una producción en Intendente Alvear (La Pampa) con 15 % dedicado a maíz, 25 por ciento a girasol y 50 por ciento a soja en rendimientos promedio. Para ese caso, la renta es negativa en 4 % pagando retenciones, y no aporta ganancias que coparticipan.
La misma unidad productiva en caso de ser explotada por el propietario tenía un saldo operativo de 14 por ciento en el año (3 por ciento de renta sobre capital). Pero los productores en general dejaron en claro que los pequeños productores de menores promedios de tierra, no tienen escala para comprar la tecnología que hace falta para que la producción sea rentable.
Más aún, los gastos directos para sembrar soja pasaron de 138 dólares por hectárea en el año 2000 a 316 dólares para la presente campaña, sin contar costos de cosecha ni alquiler del terreno.
Decisión y debate
"La idea es abrir el debate y lo estamos haciendo", expuso Marconatto. "El espíritu es arreglar lo arreglable", apuntó Rossi, en tanto Berraute apuntó que "tenemos una convicción pero ponemos el mayor esfuerzo para analizar esto desde una mirada diferente, en un esfuerzo intelectual honesto".
"No somos los perversos que la Nación ha cargado en su desgracia", ironizó Rossi en alusión al rol de los legisladores oficialistas. El diputado apuntó que "todo se va a debatir" y que incluso se incorporarán temas como lechería o producción cárnica.
Pero también advirtió que el país "viene del colapso" y que las soluciones se irán dando en el tiempo. Lo hizo cuando justificó la necesidad de poner índices determinados sobre las retenciones, aún cuando no refutó argumentos de fondo contra el esquema en sí mismo.
Los productores plantearon que ellos también abordan un criterio sistémico y progresivo cuando promueven un Impuesto a las Ganancias y que el Estado cumpla con su poder de policía para evitar la evasión. Pero esa es una discusión de fondo que por ahora no está en la agenda legislativa inmediata.
Ruralistas en plenario radical
El plenario provincial de la Unión Cívica Radical recomendó a los legisladores nacionales "hacer todos los esfuerzos tendientes a la suspensión de la resolución 125" que instituyó las retenciones móviles y le solicitó a concejales y miembros de comisiones comunales que "promuevan una declaración de sus cuerpos, reclamando la suspensión de dicha resolución hasta tanto se defina una política agropecuaria para el mediano y largo plazo, a partir de una ronda de diálogo que logre los mayores consensos".
Las resoluciones radicales se conocieron anoche tras un plenario provincial que presidió Luis Cáceres y de la cual participaron como invitados el presidente y vice de la Sociedad Rural de Santa Fe, José Argenti y Hugo Iturraspe, así como Alejandro Krumm y Juan Carlos Adrover de Federación Agraria Argentina.
La declaración recuerda el llamado al diálogo que viene haciendo el radicalismo así como la postura de que "las retenciones constituían un gravamen impositivo que constitucionalmente corresponde fijar al Congreso de la Nación, como sostiene mayoritariamente la doctrina".
Saluda la decisión de que el debate esté en el Congreso pero no deja de señalar que "el conflicto perdió su cauce ante la obcecación del Poder Ejecutivo nacional al negarse al diálogo".
Por último, sostiene que "las retenciones son justas en tanto no sean confiscatorias" pero que "el 44% móvil que establece la resolución Nº 125 es confiscatorio al superar el 33% que establece como tope la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Combustibles
La presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), Rosario Sica, dijo hoy que el reabastecimiento de combustible en las zonas más complicadas del interior del país es un proceso que demorará entre "ocho y diez días".
"Los que estuvimos más tranquilos durante estos cortes de ruta fuimos los que estamos en Capital Federal, pero en las provincias más alejadas sobre todo las del Noroeste, donde no había ni un litro de combustible, el reabastecimiento será un proceso que durará entre ocho y diez días. Por otro lado no todas las plantas de almacenamiento tenían la cantidad necesaria pero, mientras tanto, la noticia del levantamiento de los cortes trae un poco de alivio", apuntó.
Al ser consultada sobre si la escasez produjo aumentos de precios respondió que "en general no. Hemos sabido que, por ejemplo, hubo un caso puntual en Clorinda donde algunas estaciones estaban vendiendo a siete pesos el litro de nafta. Nosotros no avalamos esto, y en todo caso, nos parece delictivo".
No son para siempre
"No vamos a cambiar las retenciones por el impuesto a las ganancias hoy. No nos va a ayudar ahora discutirlo. Y las retenciones no son eternas y menos a estos niveles de tasas". El sinceramiento de Ariel Dalla Fontana permitió seguir adelante con análisis técnico para afrontar la coyuntura, pero dejó en claro que la cuestión de fondo seguirá pendiente. Walter Agosto fue el encargado de tomar nota sobre los datos técnicos ofrecidos por Aacrea. Todo indica que las retenciones móviles van a sufrir cambios, pero la discusión más grande será en el seno del bloque de diputados del PJ.
De la redacción de El Litoral