Los diputados provinciales Alberto Monti y Jorge Lagna (bloque FPV - Por Santa Fe) presentaron un proyecto de comunicación donde le piden al gobernador Hermes Binner que suprima un párrafo del decreto Nº 1.123, reglamentario de la ley Nº 12.744, llamada de obras menores.
Es el párrafo que establece lo siguiente: "Aquellos cuyo financiamiento pueda recuperarse bajo el régimen de contribución de mejoras, contarán con un aporte de hasta el 50% (cincuenta por ciento), debiéndose acompañar copia certificada por autoridad judicial y/o notarial de la ordenanza respectiva. La provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Reformas del Estado, y los municipios y comunas, instrumentarán por convenio la forma de recupero del financiamiento otorgado bajo estas condiciones. Las sumas así recuperadas deberán depositarse en la cuenta corriente que se habilitará en el marco del artículo 9º del presente, debiendo destinarse los mismos a las finalidades previstas en el artículo 4º de la ley".
Para los legisladores justicialistas, la sanción de la ley 12.74 "subsanó una vieja deuda mediante la creación de un fondo específico que permite hoy a los municipios de segunda categoría y las comunas de los 19 departamentos llevar adelante obras de infraestructura necesarias para el desarrollo y el bienestar de la población de esas comunidades".
Lagna y Monti dicen no salir de la sorpresa del decreto donde -afirman- "se condiciona a las administraciones municipales y comunales al otorgamiento de solo un 50% de los fondos para ciertas obras donde, según un criterio subjetivo, se "puedan' recuperar esas inversiones mediante el sistema de contribución de mejoras".
Acotan que "más grande es el asombro cuando se obliga a los municipios y comunas a depositar lo que ellas mismas recauden por ese concepto en una cuenta específica, vulnerando todo principio de independencia y libertad de administración, ese que tanto se declama y tan poco se pone en práctica".
Los diputados entienden que el decreto avanza por sobre la ley y vulnera la potestad de los municipios y comunas en cuanto a la facultad que cada uno de ellos tiene de determinar el funcionamiento de la administración en lo que respecta a la determinación de las diferentes obras públicas, lugares de ejecución y modalidad o implementación de la cobranza o no de las mismas, por cuanto la afectación a un sistema como puede ser el de contribución de mejoras, son las autoridades municipales o comunales según la ley quién determina la forma.