El órgano legislativo de Santo Tomé aprobó esta semana y por unanimidad una declaración por la cual se insta a las autoridades nacionales "a abrir las instancias de diálogo, en la búsqueda de la solución pacífica al conflicto que mantienen desde hace ciento y dos días con las entidades agrarias, a la vez que exhortan a los diputados y senadores de la Nación a reasumir las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional oportunamente y que les son propias al Congreso". Asimismo, los ediles santotomesinos, a partir de un proyecto del Frente Progresista, Cívico y Social (Daniela Qüesta, Lidia Sauco, Martín Giménez, Libertad Lostumbo y Luis Roberto Martínez), le piden "a todos los ciudadanos que deseen manifestarse en torno a esta situación en particular, que lo hagan en el marco de la ley, garantizando la libre circulación de bienes y personas".
Para fundamentar su posición, los concejales remarcan que "desde el gobierno provincial se elevó una propuesta para poder salir de esta situación" y que en declaraciones del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, se manifestó "que los puntos fueron trabajados con la absoluta responsabilidad que supone estar al frente de una provincia en la cual la agricultura, la ganadería y la industria vinculada tienen una importancia superlativa en el país, ya que son una de las columnas vertebrales de su economía". "Tenemos la necesidad de defender la democracia y la institucionalidad, conceptos sobre los cuales no puede emitirse ninguna discusión y deben primar en cualquier debate", consideran igualmente los miembros del Concejo Municipal de nuestra localidad.
El sábado pasado, se continúan describiendo en el texto de marras, "la población de Gualeguaychú fue reprimida por Gendarmería Nacional, generando la expresión espontánea de ciudadanos de todo el país a través de cortes y manifestaciones en distintas rutas"; ante estos hechos, prosiguen, "más que nunca debemos recuperar el diálogo -ya que es importante que los sectores del agro y el gobierno nacional tengan la posibilidad de discutir-, y también, más importante aún, recuperar la confianza".
"Estamos convencidos que a este conflicto político, sólo lo superamos con más política; la respuesta institucional debe ser el debido funcionamiento de las instituciones de la democracia, a través del libre funcionamiento de la República", expresan en otro de los tramos de su declaración. "El Congreso de la Nación, en uso de las atribuciones constitucionales debe sesionar, derogar los poderes extraordinarios del Poder Ejecutivo Nacional y disponer sobre los impuestos nacionales", finalizan, sin dejar de recordar que "es la Ley de Coparticipación Nacional, la herramienta constitucional para la redistribución de la riqueza en nuestro país, de conformidad al largamente incumplido imperativo constitucional de 1994".