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El gobierno boliviano pidió hoy que el Congreso inicie un juicio contra los cinco gobernadores opositores que ayer rechazaron el referendo revocatorio convocado por el presidente Evo Morales para el próximo 10 de agosto.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló, en una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Quemado (sede del gobierno), que, con esa actitud, "los prefectos opositores admitieron el fracaso de las millonarias e inconstitucionales consultas que sobre sus estatutos autonómicos llevaron adelante".
Quintana reaccionó así tras la decisión de anoche de los prefectos de los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba de rechazar la convocatoria de Morales a un referendo revocatorio.
En ese sentido, el ministro afirmó que la oposición de los prefectos al referendo revocatorio es un "desacato a una ley de la República y, por lo tanto, la violación flagrante a la Constitución Política del Estado".
En esa consulta se les preguntará a los bolivianos si están de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio encabezado por Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.
La ley dice que para revocar los mandatos hace falta que el "No" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005, en los que fueron elegidos, como el número absoluto de votos.
Según reportó en un despacho la Agencia Boliviana de Información (ABI), Quintana acusó a los prefectos y a los miembros del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) de haber orquestado "un siniestro plan golpista en contra de la democracia y la unidad del país".
Los miembros del Conalde, integrado por gobernadores y empresarios opositores a Morales, rechazaron ayer en Tarija el referendo revocatorio de mandato popular y argumentaron esa medida en las disposiciones contenidas en los estatutos autonómicos que aprobaron en consultas marcadas por niveles históricos de abstención y no reconocidas por la ley.
Anoche, el Conalde conformó una Secretaría pro Témpore y cuatro comisiones técnicas para trabajar en la aplicación de sus estatutos, especialmente en educación, salud, infraestructura vial y energía, y conformó un fondo solidario autonómico departamental para promover financiamiento de proyectos.
En ese sentido, Quintana indicó que Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando), Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y Mario Cossio (Tarija), "dejaron caer la máscara que durante meses tuvieron puesta. Hoy los vemos con su verdadero rostro: antidemocrático y antipatriótico", acusó.
El funcionario lamentó además que "tras el escaso respaldo popular en las consultas, los prefectos inviten a que el país se divida, se fracture y se desplome".
"No pueden seguir violando la Constitución invitando a la fractura de la unidad nacional. Las derrotas políticas no pueden ser una condición para desintegrar y darle un golpe artero a la Patria", concluyó Quintana.
En tanto, el opositor Reyes Villa dijo a la prensa que el cónclave opositor decidió "rechazar completamente el referendo revocatorio que ha quedado anacrónico ante la realidad actual", informó la agencia alemana de noticias DPA.
El revocatorio de mandatos, que ahora los prefectos rechazan respaldándose en los estatutos autonómicos que el gobierno nacional declaró "ilegales", fue aprobado a principios de mayo con el voto de Podemos, el principal partido de oposición.
Precisó, además, que el Conalde respaldará a los otros departamentos (provincias) que busquen un modelo autonómico similar al aprobado en la región de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).
La región andina, donde está la mayor población de Bolivia (departamentos de La Paz, Oruro y Potosí), además de Cochabamba y Chuquisaca, rechazó la autonomía departamental en el referendo nacional que se realizó el 2 de julio de 2006 junto a la elección de representantes para la Asamblea Constituyente, que elaboró un nuevo texto constitucional rechazado por la oposición.
"También se decidió apoyar el hecho democrático que se va a dar en Chuquisaca este fin de semana", agregó Reyes Villa, en alusión a la elección del reemplazante de David Sánchez, prefecto aliado del gobierno que renunció en diciembre de 2007.
En este departamento, cuya capital es Sucre, se enfrentarán la candidata del movimiento cívico chuquisaqueño, Sabina Cuellar; el aspirante del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Walter Valda, y el también opositor al gobierno central, Felipe Cruz, de Alianza Social.
Reyes Villa había planteado horas antes la renuncia colectiva de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, planteada ayer por el secretario general de la prefectura de La Paz, Alejandro Zapata.
Según el prefecto de Cochabamba, ex militar y funcionario del dictador Hugo Banzer, se debería ir a las renuncias generalizadas si no se llega a un acuerdo de "reconciliación" con el gobierno, en ese caso, dijo, después se debería convocar a nuevas elecciones nacionales.
Pero su homólogo de La Paz, José Luis Paredes, afirmó que la renuncia colectiva no es una solución a la actual problemática, sino que deben buscarse otras alternativas, que no precisó, informó el diario digital Erbol.
Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, propuso "desconocer" el referendo revocatorio, fundamentando su postura en la exclusiva vigencia de los estatutos autonómicos aprobados en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), informó la agencia cubana Prensa Latina.
En tanto el presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Ortiz, de la principal fuerza legislativa de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), sostuvo que "no se debe descartar ninguna iniciativa" y anunció que su partido escuchará primero a los prefectos de la Media Luna y luego hará conocer su posición.
Pero aclaró que mientras no exista nada consensuado con el gobierno, la ley de Referendo Revocatorio de los Mandatos "continúa vigente".
De este modo reivindicó la iniciativa cuya aprobación parlamentaria facilitó su partido, con lo que produjo fuertes encontronazos con los prefectos opositores de la Media Luna, quienes acusaron a Podemos de "traición".
El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, calificó como "millonario e ilegal" el referendo autonómico realizado en el departamento sureño de Tarija.
Para el vocero presidencial, Iván Canelas, "la decisión de la Prefectura de Tarija y las organizaciones civiles locales de someter a voto un documento que pocos conocen, no sólo es ilegal, sino también millonaria".
Canelas explicó que al igual como sucedió en Santa Cruz, Beni y Pando en su momento, el referendo autonómico de Tarija no cuenta con un mecanismo legal como sustento, "porque no se trata de una convocatoria aprobada por el Congreso Nacional, como lo establece la Ley de Referendo, sino por un prefecto".
En sus declaraciones, publicadas en la página oficial de la presidencia boliviana, Canelas recordó además que "tampoco la Constitución Política avala la autonomía, ya que la nueva Carta Magna, donde se establece ese régimen de administración del Estado, aún no fue aprobada".
"No puede haber un estatuto autonómico sin que antes se modifique la Constitución. Por lo tanto el gobierno declaró claramente que este referendo no tiene ningún efecto legal y tampoco va a tener repercusión en el futuro", precisó.
De acuerdo con el vocero oficial, la ley no da posibilidad alguna para que ninguno de los cuatro departamentos que llevó adelante la "encuesta por sus estatutos" pueda aplicar su autonomía.