Al cabo de más de cien días de conflicto, de los cuales cerca de la mitad transcurrieron en un contexto de paro rural y con frecuentes cortes de ruta en las principales zonas agropecuarias del país, el gobierno y las entidades del campo retomaron ayer el diálogo en una reunión encabezada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el encuentro, que se extendió por más de una hora en la Casa Rosada, la presidenta rechazó el pedido de las entidades de suspender, hasta que el Congreso se expida al respecto, las retenciones móviles a las exportaciones agrícolas anunciadas el 11 de marzo pasado.
"El tema está ahora en manos del Congreso" fue la respuesta presidencial al pedido que llegó de boca del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías. Además, la presidenta defendió enfáticamente la potestad del Ejecutivo de fijar (en este caso, por resolución ministerial) estos gravámenes.
De la reunión participaron también el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Interior, Florencio Randazzo. Por las entidades concurrieron, además de Llambías, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, el de Coninagro, Fernando Gioino, y el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti.
El diálogo distó de ser ameno, pero fue lo suficientemente correcto como para que en los próximos días se reinicien las reuniones de la "Mesa Agropecuaria", aunque ahora la atención estará puesta en lo que diga el Congreso sobre las retenciones móviles.
El punto que con más fuerza plantearon los ruralistas a la presidenta fue el fuerte aumento de los agroquímicos y fertilizantes, relacionado con la suba mundial del petróleo. Además, pidieron que se declare emergencia agropecuaria en áreas expuestas a sequías o problemas como las cenizas volcánicas, que afectan la producción ovina en el sur.
El gobierno, en tanto, marcó que durante el conflicto rural avanzó en temas agrícolas, con el acuerdo para la exportación de termoprocesados a partir de vacas de conserva, la "liberación" de un millón de toneladas de trigo para la exportación y un acuerdo de precios en el sector arrocero.
La principal preocupación compartida fue la situación en los sectores cárnico y lechero. Y la presidenta "invitó" a las entidades a trabajar en el capítulo agropecuario del "Acuerdo del Bicentenario". La condición Ämarcó Alberto Fernández en la conferencia de prensaÄ es que "no se repitan estos cien días aciagos que pasamos".
Sobre las retenciones móviles, Llambías dijo a la salida, que si bien la presidenta rehusó responder al pedido de que se suspendan, también indicó que la idea no es que el proyecto oficial se apruebe "a libro cerrado".
"Se ha reconstituido una instancia democrática, con discrepancias, pero con respeto", dijo Buzzi, de la Federación Agraria, quien remarcó su preocupación por la continuidad del proceso de concentración en el sector. Viendo allí un potencial de división entre las entidades, la presidenta les pidió que le presenten un proyecto conjunto.
"Todavía hay que jugar el partido", graficó Llambías. El campo de juego será el Congreso. Tal vez por eso, la de ayer fue una jornada de disputa territorial para ocupar las tribunas.
En tanto, las comisiones de Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se declararon ayer en sesión permanente y, con la exposición de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace del sector agropecuario, dieron por iniciada la maratón de audiencias en las que se prevé debatir el proyecto oficial de retenciones móviles y una decena de iniciativas destinadas a estimular la producción de leche y carnes, y fijar mecanismos más ágiles de compensación.
La oposición parlamentaria y las entidades del campo ejercieron una fuerte presión para que el oficialismo ceda a la discusión de la resolución 125, que estableció las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. Durante un poco más de dos horas, los legisladores de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto de la Cámara Baja escucharon las posiciones del campo y los pedidos de "suspensión o derogación" de la decisión gubernamental por parte de los ruralistas.
A poco del final, la sesión del plenario de comisiones, que había comenzado en un tono cordial, comenzó a enturbiarse cuando desde la oposición, el radical jujeño Miguel Giubergia reiteró una moción para comenzar a tratar el proyecto oficial que pide la ratificación de la normativa que disparó el conflicto del agro, planteado al comienzo de la reunión por su correligionario Pedro Morini.
El presidente de la Comisión de Agricultura, el kirchnerista cordobés Alberto Cantero Gutiérrez, tras una serie de idas y vueltas, levantó el debate y convocó para hoy a las 15, para escuchar las preguntas que los diputados quieran hacerles a los representantes de las entidades.
La oposición intentó, sin éxito, cambiar el orden de la agenda, armada por Cantero Gutiérrez, pero el riocuartense se ciñó al reglamento y mantuvo el cronograma, con lo cual el tema retenciones quedará en tercer término para ser tratado.
Golpe
El vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo "debe ser rechazado absolutamente", y que debe darse un debate sobre la "verdadera carga impositiva" del sector. "Hoy el golpe que se ha dado a la soja, al maíz, al trigo y girasol dejan al productor prácticamente sin perspectiva. Las retenciones móviles no tienen sólo un defecto en su origen, por haber sido dictadas por un ministerio, sino un efecto posterior, que es la desaparición de los mercados a futuro, y la destrucción de la economía del pequeño y mediano productor".
"Se recuperó el diálogo", dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tras el encuentro, en una rueda de prensa en la que expuso los mismos datos y gráficos que la presidenta presentó a los ruralistas. Los datos (básicamente, de la Aduana) muestran que en los primeros cinco meses del año, el valor en dólares de las exportaciones agropecuarias siguió creciendo a un ritmo de dos dígitos.
Esa información, dijo a la salida el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, busca poner a los argentinos en contra de los productores. De hecho, los datos tienen al menos un par de trampas: abarcan dos meses y medio previos al aumento de las retenciones móviles, no muestran la fase reciente, la de mayor fuerza del cese de comercialización agropecuaria, e ignoran temas como la importación de soja de Paraguay que, procesada, engrosó las ventas al exterior. Aún así, las cantidades exportadas aumentaron muy poco o hasta cayeron (en el caso del trigo y de la carne) y el aumento de los dólares ingresados, debido al aumento de los precios internacionales, es mucho menor al de la "mordida" fiscal.
"Más que buscar un punto intermedio, buscamos una solución y hoy en el Congreso Nacional estamos frente a la gran posibilidad de que encontremos esa solución". Con esa frase, el gobernador Hermes Binner resumió su postura y sus expectativas, tras el encuentro que compartió, junto al cordobés Juan Schiaretti y el puntano Alberto Rodríguez Saá, con el vicepresidente Luis Cobos. Precisamente, para Schiaretti Äy como si de un juego de palabras se trataseÄ, "la mejor solución es sin duda la que deje conforme a todas las partes. Esto significa que ni se debe volver a las retenciones del 35 por ciento ni se pueden dejar al nivel que están ahora", dijo, avalando la idea del "punto intermedio".
Los tres jefes provinciales, críticos del gobierno nacional, fueron los únicos que se presentaron, de un grupo de once mandatarios de provincias sojeras que habían respondido en forma positiva a la invitación que les hizo por teléfono el presidente del Senado. Los ausentes, más próximos a la Casa Rosada, habrían desistido por sugerencia del matrimonio presidencial.
Los mandatarios y el vicepresidente acordaron que se debe resolver el tema de las retenciones y "sin perjuicio de ello, avanzar en la resolución de los problemas sectoriales y de las economías regionales".
Posteriormente, Cobos se reunió con alrededor de un centenar de intendentes, jefes comunales y dirigentes agropecuarios de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, quienes llegaron espontáneamente a la sede del Parlamento para expresar su opinión sobre las dificultades que les crea la falta de solución del conflicto agrario. "La mayoría de los intendentes están preocupados por la paz social" de sus distritos y por los efectos en el turismo, en la construcción, y reclamaron una pronta solución a los problemas, escuchando a todos los sectores", afirmó el vicepresidente.