El mensaje del Poder Ejecutivo de la provincia para iniciar la aplicación "por materias" del nuevo sistema procesal penal, convirtió a la Cámara de Diputados en el ámbito de discusión sobre la voluntad política y las posibilidades reales de poner en marcha la reforma. Reforma que, por lo demás, fuera diseñada con marcada participación política e institucional y urgida desde la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la flagrante violación a los criterios establecidos por los tratados internacionales que supone el anacrónico modelo santafesino.
Impelido por la fecha indicada por la ley para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y en un marco de situación en el que aún falta la sanción de normas básicas para el funcionamiento del sistema oral y acusatoria -comenzando por el Ministerio Público Fiscal y la reforma orgánica del Poder Judicial-, el gobierno provincial buscó la salida por vía de la aplicación progresiva de diversos institutos.
El oficialismo defiende este diseño, como una manera de verificar el funcionamiento parcial del nuevo sistema, mientras los operadores judiciales se van acostumbrando a él y se avanza en la definición del resto. La oposición justicialista señala esto como una prórroga encubierta y aprovecha para echar en cara al Ejecutivo la demora en avanzar con los proyectos complementarios y en adecuar la estructura judicial a las exigencias del nuevo Código.
Estas últimas imputaciones no carecen de sustento. La reforma ya era un hecho desde antes del cambio de autoridades, por lo cual el actual gobierno debió iniciar su andadura con una estrategia definida para ponerla en marcha, con plazos menos dilatados de los que hoy se pretende -y que hoy fijan la puesta en vigencia total para el 30 de octubre del año que viene.
A la vez, debe señalarse que la fecha del 30 de junio fue impuesta por la mayoría legislativa de la anterior gestión, a despecho de la reticencia del sector que por entonces era la oposición y sobre el que hoy recae la responsabilidad de cumplir con ella.
Por otra parte, debe apuntarse que la aplicación "progresiva" tampoco es un invento de este gobierno: la anterior administración pretendió lo mismo -y por las mismas razones-, sólo que en lugar de hacerlo "por materias" en toda la provincia, aprobó una aplicación "integral", pero por circunscripciones. Las dos modalidades son susceptibles de provocar complicaciones e incongruencias, y a la vez fueron pensadas como alternativas posibles frente a la inviable aplicación total e inmediata de la reforma.
En definitiva, se trata de un cambio imprescindible e impostergable, pero, como ya se apuntó en otras oportunidades, extraordinariamente complejo. Así lo asumieron todos los sectores políticos e institucionales en cada instancia de discusión y en la vereda en que les tocase estar. Pero si bien estas consideraciones no deben operar como excusas para la inacción, ni para desestimar automáticamente las críticas en los debates que se vienen, tampoco pueden amparar una confrontación inútil, donde la colaboración y el consenso en interés de todos los santafesinos sean reemplazados por la puja partidista. Dar una discusión a la altura de la trascendencia institucional de este cambio es el desafío de todos los legisladores, y también su responsabilidad.