El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió la detención del presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir. Las imputaciones de la CPI son muy precisas: genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Según su informe, Bashir es responsable político de la muerte de más de 300.000 sudaneses y la deportación o el traslado de 2.500.000 personas.
Bashir es un árabe musulmán fundamentalista que asaltó el poder en 1989. Al conflicto que mantiene con la población negra del sur no musulmana lo está resolviendo por la vía de la violencia. Organismos de derechos humanos, observadores de las Naciones Unidas y jefes de Estado de África así lo corroboran. Bashir sostiene que las masacres en Darfur las perpetran las diferentes tribus negras sumidas en una suerte de guerra civil, pero no ha podido desmentir hasta la fecha la presencia de milicias armadas musulmanas, responsables de las campañas de exterminio.
Bashir siempre se jactó de su identidad musulmana y de su visión fundamentalista de la religión. Desde joven militó en esta causa y en 1973 participó como oficial en la guerra árabe-israelí de Yom Kippur. Cuenta con el apoyo de las jerarquías musulmanas, pero a las armas y la tecnología las recibe de China y Rusia, sus dos grandes aliados internacionales, que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bloquean una condena al régimen.
El pedido de detención de Moreno Ocampo tiene más un efecto publicitario que real. Jurídicamente, esta solicitud será evaluada por tres jueces que deberán expedirse al respecto. Desde el punto de vista político, la noticia cayó como una bomba en el seno de las Naciones Unidas. Para los aliados de Bashir, el pedido es improcedente, entre otras cosas porque Sudán no reconoce a la CPI. Pero también para los críticos el reclamo del fiscal argentino es considerado imprudente. Según esta opinión, el pedido de captura real es muy difícil que pueda efectivizarse, pero, mientras tanto, lo más probable es que el régimen endurezca sus posiciones. Por lo pronto, se temen una nueva oleada de fanatismo religioso y nacionalista y ataques a las delegaciones extranjeras y a los observadores internacionales. Algo parecido ocurrió hace unos años por una causa menor, por lo que no sería descabellado vaticinar este tipo de respuesta por parte del régimen de Jartum.
Voceros de las Naciones Unidas advierten que, debido a las presiones diplomáticas, Bashir estaba accediendo a algunos reclamos mínimos de democratización. Este pedido de captura Äsegún este punto de vistaÄ significaría un retroceso a una probable apertura política.
Moreno Ocampo considera que, habiendo pruebas reales de un genocidio, una institución judicial de rango internacional no puede callarse en nombre de consideraciones políticas de dudoso resultado. El pedido de captura de Bashir ÄrazonaÄ es válido desde el punto de vista jurídico y ético, pero también es valioso por el precedente que puede sentar. Lo que sugiere, en definitiva, es que una Corte Penal Internacional tiene una misión que cumplir más allá de los cálculos que el realismo político imponga en estas circunstancias.