Juliano Salierno
El abogado defensor de Víctor Hermes Brusa pidió el apartamiento de los conjueces, que en poco tiempo más deberán juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Santa Fe. Juan de Dios Moscoso, a cargo de la defensa oficial del ex juez federal, se tomó de una nueva ley de subrogancia, cuya aplicación está vigente y que establece otro mecanismo para la conformación del jurado. Con su reclamo puso en duda la labor realizada hasta el momento por los conjueces Andrea Alberto de Creus, Martín Francisco Gutiérrez y Carlos Renna.
Si bien resta un profundo análisis para determinar el alcance de la Ley Federal Nº 26.372, sancionada el 21 de mayo y promulgada días después, cabe aclarar que para esa fecha ya estaba conformado el tribunal.
Fuentes vinculadas a la Justicia aseguraron que "hay diferentes criterios en todo el país" con respecto de esta ley, que estaría generando un sin fin de inconvenientes en los juicios por la verdad en todo el país, así como en el resto de las causas que se tramitan en los estrados federales.
Por otra parte, se supo que tras el pedido realizado por Moscoso, apenas unos días antes de iniciarse la feria judicial, las autoridades del Tribunal informaron a las partes del avatar, que se va a resolver cuando todos terminen de contestar los escritos.
El nuevo mecanismo para cubrir las vacantes producidas en el sistema judicial se aprobó el 21 de mayo de 2008 en el Congreso de la Nación. Se trata de un régimen de reemplazo para jueces subrogantes, requerido por la Corte Suprema de la Nación, que objetó el sistema vigente en uno de sus fallos el año pasado. El máximo organismo de justicia insistió en una acordada, en la que se declaró inconstitucional la designación de subrogancias por parte del Consejo de la Magistratura.
La polémica ley, publicada en boletín oficial el 30 de mayo pasado, establece en su artículo primero que: "Ante la imposibilidad de integración de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de todo el país, por licencia, suspensión, recusación, excusación o vacancia de sus miembros, se integrarán con los jueces que hayan sido designados de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución Nacional".
Dicho procedimiento estará a cargo de: "Los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la jurisdicción, teniendo prelación (prioridad) los jueces de las ciudades más cercanas; la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción, salvo que hayan conocido previamente en la causa elevada a juicio de tal forma que se encuentre comprometida su imparcialidad; los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la jurisdicción más próxima".
De no ser así el juez surgiría por sorteo entre una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo, cada tres años, que deberá contar con el acuerdo de la Cámara alta.
No es esta la primera vez que se pone en duda la conformación del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe, para juzgar a siete represores por crímenes de lesa humanidad en la ciudad capital y sus alrededores.
El origen del conflicto se remonta al 4 de febrero pasado, cuando los titulares del Tribunal Oral Federal -Ramiro Puyol, José María Escobar Cello y María Ivón Vella- se excusaron por diferentes motivos.
Al día siguiente comenzó el sorteo de conjueces, provenientes de una lista de 25 abogados matriculados y autorizados para actuar en causas federales. Catorce de ellos se autoexcluyeron cuando se conocieron sus nombres y otros cuatro ya lo habían hecho de entrada.
En cambio, dijeron que sí Patricia Hidalgo Monserrat y Juan Carlos Gemignani (h), pero la primera debió apartarse por pedido de la querella y el segundo por la defensa de Brusa. También sonó el nombre del abogado Héctor Gabriel Somaglia, que tampoco pudo aceptar. En su reemplazo asumió Martín Francisco Gutiérrez.
El tribunal quedó integrado a mediados de febrero por Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Gutiérrez, quienes rápidamente prorrogaron por un año más la prisión preventiva de los imputados.
Historia.
Las actuaciones se iniciaron el 24 de mayo de 2002, como consecuencia de la denuncia penal presentada por el fiscal nacional en la Criminal y Correccional Nº 6 de la Capital Federal, Eduardo R. Freiler, contra los ex represores. El 14 de agosto de ese año, el juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y abrió paso a la investigación. Los acusados son siete: el ex juez federal de la ciudad de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa; el militar retirado Domingo Manuel Marcelini; el ex comisario Mario José Facino; y los ex policías Héctor Colombini; Juan Calixto Perizzotti; Eduardo Alberto Ramos y María Eva Aebi. La causa fue elevada a juicio oral por el conjuez Leandro Corti, el pasado 22 de enero, luego de cinco años de tramitaciones.
El pedido de la querella de la causa Brusa, para que trasladen a tres imputados a cárceles comunes, todavía no fue resuelto por el Tribunal Oral Federal. Fuentes tribunalicias aseguraron que el tema podría estar resuelto la semana que viene, cuando retorne la actividad habitual tras el receso invernal. Respecto de la prisión domiciliaria que cumple Héctor Colombini por motivos de salud, se supo que se le harán nuevos exámenes médicos a fines de determinar si continúa comprendido dentro de los requisitos para obtener ese beneficio.
Tras una conferencia de prensa ofrecida por Eduardo "Curro" Ramos el 3 de julio, en el Cuartel de Bomberos Zapadores de la URI, las querellantes Patricia Amalia Traba, Stella Maris Vallejos y Anatilde Bugna, presentaron una carta el 10 de julio, reclamando cárcel común para Eduardo Ramos, Víctor Brusa y María Eva Aebi.
"Ramos es un preso común y debe ser tratado en tal forma" expresó la querella, molesta por la presentación que hizo Ramos de su segundo libro. Además, consideró que quienes autorizaron la conferencia "se extralimitaron".
También cargaron las tintas contra Colombini, "atento a no reunirse ninguno de los supuestos establecidos legalmente", como lo son el haber cumplido más de 70 años o padecer enfermedades incurables en período terminal.
Los querellantes ya habían advertido al juez en tres oportunidades -el 26 de mayo de 2007, el 24 de marzo y el 16 de junio de 2008-, cuando se encontraron volantes reivindicando el genocidio de Estado.